La reforma política que fue anunciada por Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, aún no llegó al Congreso. En el Gobierno aseguran que formará parte de una “segunda etapa de reformas” y anticipan que el eje estará puesto en el futuro de las PASO, el financiamiento de los partidos políticos y cambios en la Boleta Única de Papel (BUP). En el oficialismo refuerzan la iniciativa que ya se discute en la mesa política. La diputada de La Libertad Avanza Mercedes Llano cuestionó con dureza las primarias: “Son un engendro electoral creado por el kirchnerismo para dirimir sus internas partidarias. Generan costos multimillonarios, hastío social y no contribuyeron a democratizar la vida interna de los partidos”. Además, sostuvo que “operan como una encuesta cuando no hay competencia” y que “el Estado no debe inmiscuirse en la vida interna de las fuerzas políticas”. No es la primera vez que Milei intenta avanzar en ese sentido. En 2024 incluyó la eliminación de las PASO en la Ley Bases, pero el capítulo fue retirado para facilitar acuerdos. Un año después, en 2025, el Congreso solo logró suspenderlas por ese turno electoral, sin consenso para eliminarlas de forma definitiva. En la oposición hay posturas divididas. La diputada radical Karina Banfi rechazó la eliminación: “Es un derecho progresivo de participación ciudadana que no puede acomodarse a las necesidades de los competidores de turno”. Sin embargo, se mostró abierta a discutir modificaciones para simplificar el sistema. Dentro de la UCR y el PRO también hay matices: algunos sectores no acompañarían la eliminación, pero evalúan alternativas como quitar la obligatoriedad. Por ahora, ambos espacios esperan conocer el texto oficial antes de fijar posición. En Unión por la Patria también hay debate interno. El diputado Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, planteó que el sistema actual “no funcionó como mecanismo de selección de candidatos” y cuestionó el costo y la extensión del calendario electoral. No obstante, advirtió: “Eliminarlas sin saber hacia dónde ir tampoco tiene sentido. Eso no sería una reforma, sino una improvisación”. La discusión requerirá acuerdos amplios. Según el artículo 77 de la Constitución Nacional, cualquier modificación del régimen electoral debe aprobarse por mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Un número difícil de alcanzar sin consensos políticos. En ese escenario, bloques como Provincias Unidas también esperan la iniciativa oficial. Su presidenta, Gisela Scaglia, consideró positivo avanzar en la Boleta Única y en la transparencia del financiamiento, pero pidió “evaluar con detenimiento” el futuro de las PASO. “En muchos casos explican la baja participación electoral”, sostuvo. Mientras tanto, el Gobierno ya inició contactos con gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el debate llegará al Congreso en los próximos meses y planteó la necesidad de aprobar cambios con tiempo de cara a 2027: “Tenemos que trabajar para que el proceso electoral sea más ágil y cómodo para la ciudadanía”. En su discurso ante el Congreso, Milei dejó clara su postura: “Necesitamos reformar integralmente el sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y también cómo se financian los partidos, para dar mayor transparencia a la relación entre política y sector privado”.