El Gobierno oficializó este martes el pase a disponibilidad de 58 trabajadores de la unidad turística de Chapadmalal y otros 19 del complejo de Embalse, a través de la publicación de la resolución 129/2026 de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el Boletín Oficial. La medida administrativa responde a la supresión de estas estructuras organizativas estatales en el marco de un plan de reestructuración general. La normativa vigente exime a los empleados afectados de concurrir a prestar servicios en los hoteles estatales.

Sin embargo, el personal bajo este estatus laboral debe permanecer localizable durante su jornada de labor habitual y presentarse ante cualquier convocatoria que realice el empleador. Según detallaron fuentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el período de disponibilidad se extenderá por un plazo de entre seis y doce meses. Al término de este lapso, si los agentes formalizan una nueva relación laboral fuera del ámbito estatal, quedarán desvinculados de la administración pública de forma automática.

En ese caso, los empleados conservarán el derecho a percibir la indemnización correspondiente según las pautas de la Ley N°25.164. El Poder Ejecutivo impulsa la privatización de los hoteles estatales por 30 años Esta decisión administrativa constituye un paso previo en el objetivo del presidente Javier Milei de otorgar ambos complejos turísticos en concesión al sector privado por un lapso de 30 años. La Jefatura de Gabinete ratificó que con este mecanismo "se busca atraer inversión privada que restaure y eleve la calidad" de los predios.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el traspaso a manos privadas pondrá las instalaciones "al servicio de la gente". Asimismo, los voceros oficiales señalaron que el proceso reducirá de manera drástica "la carga" de mantenimiento económico que los hoteles representan actualmente para el Estado nacional. Como antecedente inmediato, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó el mes pasado a los trabajadores de Chapadmalal a desalojar las viviendas de la unidad en un plazo de diez días corridos.

Hasta el momento, las autoridades no formalizaron el llamado a licitación pública debido al desarrollo de un estudio técnico previo.