Hace dos décadas, el Estado nacional encontró una salida bastante particular para evitar el pago de deudas en efectivo durante la crisis energética: convirtió a las empresas acreedoras en socias minoritarias de nuevas usinas. Hoy, la administración libertaria decidió desarmar definitivamente ese modelo. Con el objetivo de inyectar dólares frescos a la caja del Tesoro, el Gobierno puso formalmente a la venta tres de los activos más jugosos del sector energético argentino, por los que planea embolsar más de US$ 800 millones.

La jugada quedó sellada mediante el Decreto 1107/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa autoriza a la empresa estatal Enarsa a desprenderse del 65,01% de sus acciones en la Termoeléctrica Manuel Belgrano (ubicada en la ciudad bonaerense de Campana) y del 68,83% de la Termoeléctrica José de San Martín (en Timbúes, Santa Fe). Estas dos centrales mellizas son gigantes del sistema que, combinados, garantizan cerca del 10% de la demanda eléctrica de todo el país.

El origen de esta atípica estructura se remonta a 2004, producto de una maniobra ideada por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. A través de la creación del fondo Foninvemem, el Estado canalizó las acreencias del mercado mayorista hacia la construcción de plantas de ciclos combinados. Así, la gestión pública retuvo el control mayoritario y las generadoras privadas quedaron atadas como accionistas menores.

Los fideicomisos que administraban las usinas de Campana y Timbúes vencieron el pasado 1° de junio, allanando el camino legal para esta privatización. La tercera joya en esta lista es la central Guillermo Brown, aunque su venta tendrá que esperar un poco más. Como su fideicomiso recién vence el 30 de septiembre, Enarsa primero tiene que adueñarse formalmente de su parte (un 70% como mínimo) antes de colgarle el cartel de venta y sacarla a licitación a través de la nueva Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Todo este movimiento es una pieza clave en el tablero de Luis Caputo. Es el segundo gran paso del Gobierno para salir del sector energético: la primera movida fue vender su parte en Transener (por la que sacó US$ 356 millones) y las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue, que le dejaron otros US$ 707 millones en el bolsillo. Socios con ventaja y el filtro geopolítico Vender estas usinas no es tan fácil como rematar un lote vacío.

El gran obstáculo para los nuevos inversores es que las plantas ya tienen dueños privados operando dentro, con pesos pesados como Pampa Energía, Central Puerto y AES. El estatuto les da un valioso "derecho de preferencia". Es decir, si aparece un comprador de afuera con una buena oferta, ellos tienen la ventaja legal de igualarla o mejorarla para quedarse con todo el control.

Una regla que, lógicamente, le saca incentivo a cualquier competidor externo. A eso se le suma la parte internacional. Los pliegos definitivos todavía tienen que definir si el Gobierno incluye la famosa cláusula "anti China".

Si la activan, le cierran la puerta en la cara a cualquier empresa extranjera de capital estatal, algo que ya marginó a gigantes asiáticos como PowerChina en obras de alta tensión. Y por si fuera poco, los interesados van a transpirar para ponerle un precio real a las centrales: calcular cuánta plata van a generar a futuro es una misión complicada después de los últimos cambios en las reglas de pago del mercado eléctrico. La idea de fondo es que el Estado se retire definitivamente de la generación de energía y le pase las llaves de la infraestructura a los privados.

Eso sí, a diferencia de la ola privatizadora de los años 90, esta vez el decreto dejó afuera un detalle no menor: los empleados de las usinas no tendrán la opción de acceder a un programa de propiedad participada. tc