El Gobierno nacional habría resuelto postergar para el período de sesiones extraordinarias el tratamiento de la ley para suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de 2027. La Casa Rosada admitió que no llega a la mayoría absoluta de 37 senadores que necesita para aprobar la reforma electoral en el período ordinario de sesiones. Con este escenario, el oficialismo busca abrir una negociación con las provincias para reunir las adhesiones faltantes antes de fin de año.

Cuentas cruzadas y la barrera de los 37 votos El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lideró las conversaciones con los mandatarios provinciales con la intención de asegurar la norma en el Senado antes de noviembre. Sin embargo, en las reuniones internas del equipo político el recuento estricto dejó un piso de 31 senadores confirmados. La cifra se ubica lejos del umbral de la mayoría absoluta que exige la Constitución Nacional para modificar la legislación electoral.

El esquema de apoyos consolidados reúne a los 21 integrantes del bloque oficialista, conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich. A ese número se suman legisladores de Neuquén y Santa Cruz, mientras que los bloques de la UCR, el PRO y los espacios provinciales exhiben diferencias internas y posturas divididas según la conveniencia de cada territorio. En la Casa Rosada ya hay quienes dan por hecho que el proyecto deberá tratarse, al menos en una de las cámaras del Congreso, durante las sesiones extraordinarias de diciembre. “Ya no dan los tiempos y menos ahora que se confirmaría que viene el Papa y vamos a tener una semana menos de trabajo”, anticipó una alta fuente del Gobierno en el diario Clarín.

La posición de los gobernadores “Es el dilema del huevo y la gallina. La puja es entre quién da el primer paso: los gobernadores quieren que le aseguren primero que no le van a competir en la provincia y el Gobierno pide primero el voto para eliminar las Paso; por eso no hay nada firme”, aseguró por su parte otro referente en La Nación. Esto choca con la postura intransigente de Karina Milei, quien exige que los gobernadores primero apoyen la eliminación de las primarias antes de negociar alianzas.

Lo mismo, pero al revés, reclaman desde las Provincias: “No nos cumplieron casi nunca y pretenden que sigamos creyendo; primero anunciemos los acuerdos”, dijo un gobernador en Clarín que prefirió no dar su nombre. El rol clave de Córdoba La posición del schiarettismo figura entre las incógnitas principales dentro de la Cámara Alta. La senadora cordobesa Alejandra Vigo mantiene una postura alineada con la estrategia de su espacio, conducido por su pareja, el ex gobernador Juan Schiaretti.

Desde ese sector supeditaron el acompañamiento a la definición de la estrategia política general en la provincia. Hasta ahora, si bien el actual gobernador Martín Llaryora, no ha salido a defender abiertamente el sistema de las Paso, tampoco respaldó su eliminación. Al mismo tiempo, la desconfianza mutua entorpece las tratativas entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas.

Las administraciones provinciales exigen certezas financieras y garantías de no competencia en sus distritos antes de comprometer sus bancas. Advertencia judicial y escenarios en debate A las trabas parlamentarias se sumó la advertencia formal formulada por la Cámara Nacional Electoral. El tribunal remarcó que las reglas estructurales del sistema electoral no deben modificarse en la proximidad de los comicios.

La recomendación busca preservar la certeza de las autoridades encargadas de implementar el proceso eleccionario. Pese a los reparos judiciales, voceros de la Presidencia no descartan trasladar las negociaciones hacia los primeros meses de 2027. “No hay ningún apuro. Ninguno.

¿Y si hay que votarla en el primer trimestre del año que viene, por qué no? No hay una ley que prohíba hacerlo”, planteó un estrecho colaborador presidencial. La alternativa genera rechazo entre las espadas legislativas de La Libertad Avanza, dado que esa dilación podría complicar el tratamiento del Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas proyectadas.