El Gobierno monitorea la crisis política y social en Bolivia y no descarta reforzar la seguridad en la frontera si escala el conflicto. En el Ejecutivo sostienen que la situación está “bajo evaluación” y que cualquier definición operativa dependerá del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva. En Nación advierten que, por el momento, no está previsto reflotar el Plan Roca, el esquema de despliegue militar para la vigilancia de zonas de frontera.

La Casa Rosada sigue el escenario con cautela y busca evitar una señal de sobrerreacción, aunque admite que el agravamiento de la crisis boliviana puede tener impacto en el norte argentino. La preocupación oficial pasa por dos ejes: un eventual aumento de movimientos migratorios y el riesgo de mayor actividad del crimen organizado. En el Gobierno remarcan que no hay una decisión tomada, pero reconocen que el seguimiento de la situación se intensificó en las últimas horas.

Bolivia atraviesa una escalada de protestas, bloqueos y desabastecimiento. La Central Obrera Boliviana volvió a marchar contra el presidente Rodrigo Paz, mientras persisten los cortes de rutas, las largas filas para cargar combustible y las dificultades para conseguir alimentos y oxígeno medicinal en hospitales. En ese contexto, también renunció el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

La Argentina ya tuvo intervención en la crisis. El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones de Evo Morales sobre un supuesto envío de asistencia militar argentina al gobierno boliviano y sostuvo que los vuelos nacionales tuvieron como objetivo trasladar alimentos y provisiones ante los bloqueos. En el Ejecutivo remarcan que esa asistencia no implica un involucramiento operativo en la crisis interna del país vecino.

En la Casa Rosada siguen el posible impacto regional de la crisis y evalúan escenarios ante una profundización del conflicto. La atención está puesta en los pasos fronterizos, la circulación de personas y mercadería, y la posibilidad de que la tensión social derive en mayores necesidades de control o asistencia en el norte argentino. La definición de un eventual refuerzo fronterizo está en manos de Monteoliva.

En Seguridad ya existen antecedentes de operativos especiales en la frontera norte, pero en Nación insisten en que cada medida deberá evaluarse según la evolución del conflicto y el nivel de riesgo en los pasos fronterizos. Por ahora, la instrucción es monitorear y mantener coordinación con las áreas involucradas. El Gobierno busca sostener una postura de respaldo institucional al gobierno de Rodrigo Paz, sin convertir la crisis boliviana en un despliegue local inmediato.

La línea oficial, por ahora, es seguir la situación en tiempo real, evitar decisiones prematuras y dejar abierta la posibilidad de reforzar controles si la conflictividad empieza a trasladarse hacia la frontera argentina.