Los informes sobre violencia institucional durante la gestión de Javier Milei, iniciada en 2023, revelan un aumento significativo en la represión estatal. El documento actualizado de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) a enero de 2026, arroja una cifra escalofriante: 10.181 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia, hace 43 años. Este número no es sólo una estadística, sino la suma de décadas de casos de gatillo fácil, muertes en cárceles y represión en las cárceles.

Pero el dato más alarmante surge de analizar la gestión del Gobierno: en solo 25 meses, se registraron 1056 muertes, lo que significa que el 10% de todos los casos desde 1983, ocurrieron en apenas dos años de gestión. “Es el gobierno más represor desde 1983”, sentenció María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI. En diálogo con C5N, la referente advirtió sobre la profundidad del retroceso: “Sólo se pueden calificar estos dos años y pico como la instalación de un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”. Esta violación a los derechos humanos se define como todo acto de fuerza desproporcionada, hostigamiento o vulneración de derechos, ejercido por agentes estatales.

No se limita al gatillo fácil, sino al sistema que usa el aparato público para violentar a los ciudadanos en vez de protegerlos. La conmemoración del 8 de Mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional no es una fecha casual, sino que representa un quiebre en la justicia democrática en Argentina. Ese día, pero en 1987, en la esquina de Figueredo y Guaminí (Lomas de Zamora), tres suboficiales de la Policía Bonaerense acribillaron a Agustín Olivera (19), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24), hecho que quedó en la historia como la "Masacre de Ingeniero Budge".

Los jóvenes estaban conversando y tomando una cerveza cuando los efectivos descargaron sus armas sobre ellos. En el año 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.811, que establece el 8 de mayo como fecha oficial en el calendario escolar y civil. Vía libre a la violencia estatal: los rostros de las víctimas Con casos emblemáticos, como el del fotógrafo Pablo Grillo y el jubilado Egidio Contreras (75 años) se evidencia la vía libre para el abuso de autoridad por parte del Estado.

Los dos hombres se encontraban en una marcha pacífica alrededor del Congreso, por la continuidad de la moratoria previsional, la entrega de los medicamentos sin cargo, y el aumento de haberes de emergencia. Ambos fueron víctimas del "Protocolo Antipiquetes" de la entonces ministra Patricia Bullrich: esta normativa del Ministerio de Seguridad se llama "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación". Habilita a las fuerzas federales a liberar rutas y calles sin orden judicial previa ante flagrancia.

El objetivo es "mantener el orden" en una Argentina marcada por la emergencia social, con indicadores de crisis comparables al estallido de diciembre de 2001. Con esta vía libre actúan desde diciembre de 2023, y aunque un fallo de primera instancia declaró su nulidad en diciembre de 2025, el Gobierno apeló, manteniendo su vigencia. En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones ratificó su validez.

Se aplica a las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria). En un contexto de represión y ajuste, el fotorreportero Pablo Grillo fue víctima de un grave hecho de violencia institucional el 12 de marzo de 2025. El cabo Héctor Jesús Guerrero le disparó un cartucho de gas lacrimógeno directamente a la cabeza, provocándole heridas que requirieron un año de intervenciones quirúrgicas y prótesis craneales.

Aunque Grillo regresó a su hogar en febrero de 2026, su estado sigue siendo delicado: enfrenta secuelas neurológicas y físicas inciertas bajo tratamiento ambulatorio. Actualmente, la jueza María Servini evalúa el pedido para elevar la causa a juicio oral contra el gendarme, acusado de tentativa de homicidio y abuso de armas. En el caso de Egidio, el jubilado agredido durante las movilizaciones de los miércoles, la causa dio un giro judicial tras un intento inicial de archivo.

El 22 de octubre de 2025, el hombre, quien mantenía asistencia perfecta a las marchas, fue derribado violentamente por cuatro agentes de la Policía Federal, sufriendo una fractura grave de húmero. Pese a que se intentó desestimar el caso por "inexistencia de delito", el pasado 5 de mayo la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación. El fallo subraya la necesidad de revisar los límites de la fuerza pública y proteger el derecho a la protesta, atendiendo a la denuncia impulsada por Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la Paz en 1980) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo público autónomo y autárquico que promueve políticas públicas de memoria y derechos humanos.

¿Cómo responder al abuso de poder? María del Carmen Verdú (CORREPI) advierte que, frente a protocolos que vulneran la Constitución, la salida es grupal. La activista insta a las víctimas a articularse con organizaciones territoriales, y subraya a C5N que la resistencia tiene que ser integral: "hay que pelearla colectivamente, dentro y fuera de los tribunales".