Pese a un incremento real del gasto, el Gobierno nacional mantuvo elsuperávit fiscal en abril apoyado en menores transferencias a provincias, en el recorte de partidas universitarias, y en la reducción de la planta estatal y sus salarios. El Ministerio de Economía informó que el mes pasado las cuentas públicas registraron un saldo positivo de $ 268.103 millones. No obstante, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), alertó que este valor representa una caída interanual de 64%.

El saldo primario fue de $ 632.844 millones y tras el pago de intereses de deuda por $ 364.741 millones –suba real de 0,7%- el resultado financiero se ubicó en $ 268.103 millones. IARAF precisó que el saldo primario cayó 43,3% en forma real, a consecuencia de una baja en los ingresos y un aumento del gasto. Pese a ello, es equivalente a 0,5% del PIB.

Cabe recordar que el Gobierno se comprometió con el FMI a lograr un superávit primario de 1,4% en 2026, que resulta la base del acuerdo vigente. Si se evalúa el primer cuatrimestre, el superávit acumulado es de 0,2% del PIB. Cabe apuntar que el primer semestre suele dar los mejores resultados fiscales, con lo cual lo que suceda en mayo y junio será decisivo para alcanzar los objetivos planteados.

Los ganadores y perdedores del superávit Los gastos totales ascendieron a $ 12.78 billones, lo que implica un aumento real de 1,6%, según IARAF. Entre otras razones, este incremento se explica por la decisión del gobierno de frenar la quita de subsidios energéticos para morigerar el impacto en los bolsillos y amortiguar la inflación. La planilla oficial marca que se destinaron $ 1,4 billones para mantener las tarifas, representa un alza real de 150%.

Bajo el ítem “otros gastos corrientes” (donde se asignan gastos no especificados y que el Ministerio de Economía no aclara) se observó un alza de 70% a $ 303.295 millones. También el Gobierno avanzó la reducción del gasto en personal de 3,2%, que es consecuencia de un efecto combinado de una caída en la planta de personal y una reducción de los salarios. A su vez, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que participó con el 39% del gasto primario, tuvo un incremento real interanual del 3,6%.

Para compensar las erogaciones en subsidios y en gastos no precisados el gobierno decidió un recorte real de 54% a las provincias (giró $ 154.978 millones) y le quitó un 48% a las universidades (les pasó $ 412.546 millones). Esto explica las quejas de la mayoría de los rectores de las universidades y que además motivó las marchas que se realizaron la semana pasada en todo el país. La contrapartida de este nivel de gasto fueron ingresos en caída por la disminución de la recaudación.

Los recursos alcanzaron a $13,1 billones, que representó un avance nominal de 29,3%, o sea 3 puntos por debajo de la inflación. En este monto se incluyen $ 81.000 millones adicionales que recibió en estado por ventas de activos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Aunque el escenario es inverso al esperado por el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”. “Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Con este escenario y para poder sostener el principal pilar de la política económica el gobierno lanzó la semana pasada un durísimo ajuste fiscal que incluyó recortes en partidas sensibles como educación y salud. Con abril de 2026 el Gobierno tuvo superávit fiscal en 26 de los 28 meses de mandato con exclusión de diciembre de 2024 y 2025, por cuestiones estacionales. Pese a un incremento real del gasto, el Gobierno nacional mantuvo elsuperávit fiscal en abril apoyado en menores transferencias a provincias, en el recorte de partidas universitarias, y en la reducción de la planta estatal y sus salarios.