La Cámara de Diputados realizará este martes la quinta reunión informativa sobre el Proyecto de Presupuesto 2027, que La Libertad Avanza busca dictaminar este miércoles y debatir en el recinto de sesiones el 18 de noviembre. La comisión de Presupuesto y Hacienda que preside “Bertie” Benegas Lynch convocó para este martes a las 11 a los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado, Maximiliano Matías Fariña, para cerrar la ronda de consultas. La misteriosa cláusula 91 En forma paralela, los principales referentes del oficialismo y de la oposición dialoguista mantienen conversaciones e intercambios de propuestas para intentar cerrar un acuerdo para que la UCR, PRO y bloques provinciales firmen el dictamen oficial del Presupuesto y garantizarse la aprobación de la “ley de leyes” en la Cámara baja.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario. En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%. Se trata de un ítem misterioso, ya que se desconocen sus objetivos específicos, al punto que la oposición denunció que se trata de una “caja” que el Ejecutivo pretende guardarse para negociar con las provincias en el proceso electoral del año próximo como fondo.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos puedan ser destinados a reforzar las partidas para las universidades nacionales, las prestaciones por discapacidad y mantener la actualización de las asignaciones sociales (Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Ayuda Social, y asignaciones familiares). Desde el Gobierno, sin embargo, se mantienen hasta el momento firmes en guardar esos fondos, bajo el argumento de que serán destinados a atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales. El futuro de la norma El modo en que se resuelva la negociación definirá la suerte de la “ley de leyes”.

La incertidumbre es tal que algunos medios, como el diario Clarín, anticiparon que el oficialismo postergará el dictamen hasta mediados de noviembre, ante la dificultad de encontrar consenso. «Está todo muy verde», sintetizó un “diputado aliado” en el matutino porteño, que indicó que “desde el campamento libertario también desestimaron la posibilidad de dictaminar la próxima semana (por esta) como había anunciado Bertie Benegas Lynch”. “Una posibilidad es que la comisión pueda dictaminar el 11 de noviembre y mantener la fecha del 18 para tratarlo en el recinto. De lo contrario, el oficialismo buscará dictaminar el 18 para llevarlo al recinto en la última semana de noviembre, al filo del cierre de las sesiones ordinarias. Luego Milei debería convocar a extraordinarias para que el Presupuesto sea tratado por el Senado.

Vale aclarar que la demora, en parte, también se debió a las complejas negociaciones por la ley de Discapacidad”, completó el periodista Gustavo Berón. De todos modos, lo cierto es que el Presupuesto diseñado por el Gobierno no puede tener modificaciones importantes para cumplir las metas fiscales, debido a que el 70% se destina a gastos sociales (entre jubilaciones, pensiones, y planes sociales). Las proyecciones en gasto, ingresos e inflación El proyecto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3%.

En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%. Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno estima una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar de $1.847 para fines de diciembre de 2027, con un promedio anual de $1.728. En materia de erogaciones, se prevé destinar $150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $1 billones de pesos El financiamiento de las universidades nacionales también estará entre los puntos de discusión: el proyecto contempla recursos por $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones, un 35% más a lo ofrecido por el Ejecutivo.

Por último, las proyecciones oficiales estiman que el consumo privado crecerá un 3,4% durante 2027, mientras que el consumo público avanzaría un 0,6%.