El Poder Ejecutivo Nacional remitió formalmente al Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca transformar el sistema político argentino. La iniciativa, que ingresó este miércoles 22 a la Cámara Alta, propone la derogación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) bajo el argumento de que funcionan como una encuesta nacional de alto costo. Según proyecciones oficiales, esta medida permitirá un ahorro cercano a los 200 millones de dólares para las arcas del Estado.

La ley de reformas electorales se deben votar con mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y 129 en diputados con lo cual el oficialismo está complicado para votar la eliminación de las Paso. Uno de los bloques que se opone es la UCR que tiene una decena de votos que son claves para el oficialismo para alcanzar esa mayoría agravada. — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 22, 2026 También objeta la eliminación de las Paso el PRO, mientras que la totalidad del interbloque justicialista de 25 miembros también rechaza esa propuesta. El texto también aplica una fuerte «motosierra a los sellos de goma» mediante el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica.

Las agrupaciones políticas ahora necesitarán afiliados equivalentes al 0,5% del padrón electoral y deberán demostrar presencia en al menos 10 provincias para ser reconocidas a nivel nacional. Además, el mecanismo de afiliación cambiará el papel por un sistema de avales biométricos para garantizar la transparencia y evitar falsificaciones. Otro eje central consiste en la implementación de la Ficha Limpia, una cláusula que impedirá candidaturas de dirigentes con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

Esta restricción alcanzará también a los miembros del Poder Ejecutivo. En sintonía con la reducción del gasto, el proyecto elimina el financiamiento estatal directo de las campañas, reduce el peso del sector público y otorga mayor protagonismo a los aportes privados bajo controles estrictos. Finalmente, la reforma contempla la suspensión de la elección directa de parlamentarios del Mercosur (Parlasur) y propone que los debates presidenciales pasen a ser optativos.

Con estas modificaciones, el oficialismo busca alinear los intereses de la dirigencia con los de la sociedad, aunque el éxito de la norma dependerá ahora de una compleja negociación con los gobernadores y los bloques opositores en el Senado.