En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno tildó a las PASO de "experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de 'internas abiertas'" y denunció que "sólo en 2023" esas elecciones "costaron a los argentinos $45.000 millones". "No sirvieron para dirimir ninguna interna relevante", rechazó el presidente Javier Milei, quien firmó el documento. También expresó que "de acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos".

La personería a los partidos En paralelo, el proyecto de 29 páginas al que A24.com tuvo acceso, endurece las condiciones para la creación y sostenimiento de los partidos. Para obtener la personería jurídico-política, las agrupaciones deberán reunir afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón del distrito, en un plazo de 180 días. También se establecen requisitos más estrictos para mantener esa condición, como la participación electoral y un piso mínimo de votos.

En concreto, la iniciativa establece que perderán la personería aquellas fuerzas que no participen en elecciones o que no logren un nivel mínimo de representación. Fija como causal de caducidad “la no presentación a DOS (2) elecciones nacionales consecutivas” y también “no alcanzar en al menos UNA (1) de DOS (2) elecciones nacionales sucesivas el TRES POR CIENTO (3 %) del padrón electoral del distrito”. También implican causal para perder la personería que la fuerza política no esté integrada por "al menos DIEZ (10) partidos de distrito con personería vigente, en caso de tratarse de un partido nacional".

El texto también incorpora otras condiciones para mantener la vigencia partidaria, como sostener el número mínimo de afiliados y realizar elecciones internas periódicas. En ese sentido, señala que será causal de pérdida de la personería “la no realización de elecciones partidarias internas para selección de autoridades durante el término de CUATRO (4) años”. El Gobierno ponderó al respecto que el proyecto "eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los 'sellos de goma'" que, dijo, "hacen de cada elección un negocio". "A su vez, se incorpora la afiliación digital, que moderniza el trámite y termina con el filtro burocrático que la propia dirigencia usaba para bloquear nuevas expresiones políticas", amplió.

Ficha Limpia El proyecto incorpora el criterio de Ficha Limpia, al impedir que puedan ser candidatos y funcionarios quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del cierre de listas. La restricción alcanza a fallos dictados por tribunales colegiados y no requiere que la sentencia esté firme en la Corte Suprema. Además, se establece que la inhabilitación regirá siempre que la condena haya sido confirmada antes de la oficialización de las candidaturas, lo que impacta directamente en el armado de listas.

El texto también prevé la creación de un registro público de personas alcanzadas por esta causal, que estará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral. Allí se sistematizarán las sentencias relevantes para que puedan ser consultadas por la Justicia electoral al momento de validar las postulaciones. En el comunicado del Gobierno, se aclaró que la incorporación de Ficha Limpia "no es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia".

Y agregó que "es coherente: si alguien no puede ser candidato, tampoco puede ser funcionario". Boleta Única de Papel, actos de gobierno y financiamiento En materia electoral, se consolida el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), con un diseño estandarizado que incluye fotos de candidatos y casilleros para votar por categoría o lista completa. También se fijan nuevos plazos para la presentación y oficialización de candidaturas y se exige la recolección de avales ciudadanos para competir.

Otro cambio relevante es la regulación de la campaña. Se establece que comenzará 60 días antes de la elección, aunque se habilita la publicidad política en medios y plataformas digitales incluso fuera de ese período. A su vez, se prohíben actos de gobierno que puedan influir en el voto en los 25 días previos a los comicios.

En el plano del financiamiento, se refuerzan los controles sobre los aportes. Se amplían las prohibiciones de donaciones, se fijan límites más estrictos para aportes privados y se exige mayor transparencia, con reportes periódicos y control sobre cuentas bancarias y campañas digitales. También se regula la publicidad electoral en redes y se crea un registro oficial de cuentas digitales de candidatos y partidos. "Esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos.

Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es 'plata negra' que muchas veces viene de actividades ilícitas", justificó el Gobierno la iniciativa. Por último, advirtió que "las democracias modernas ya resolvieron esto: permiten que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable" y sostuvo que el "proyecto hace lo mismo y suma la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo".