Luego de la marcha en Plaza de Mayo que encabezó la CGT y en la que sus secretarios generales criticaron duramente a la gestión de Javier Milei, el Gobierno descarta tender cualquier tipo de puente con la central obrera. De hecho, según aseguraron a TN, ya trabajan en una reforma sindical para el segundo semestre. En el Ejecutivo aseguran que no hay reuniones ni contactos previstos con la central obrera en el corto plazo y que la decisión política es no reabrir una instancia de diálogo formal mientras el conflicto por la reforma laboral siga atravesado por presentaciones judiciales.

En la Casa Rosada sostienen que la experiencia de los últimos meses no dejó margen para insistir con una negociación política con el sindicalismo. “Judicializaron todo”, expresaron en Nación sobre la ofensiva de la CGT contra la reforma laboral. La trastienda de la estrategia que digitan en Balcarce 50 combina dos planos. El primero es defensivo: sostener en tribunales la vigencia de la reforma laboral y administrar el vínculo con la CGT sin abrir nuevas concesiones.

El segundo es ofensivo: retomar en la segunda mitad del año una agenda más amplia de cambios sobre asociaciones civiles, financiamiento, autoridades y funcionamiento de estructuras intermedias. Según fuentes oficiales, parte de ese paquete entrará al Congreso después del Mundial. Ese objetivo tiene un antecedente concreto en el proyecto original de la reforma laboral.

El texto incluía un cambio sensible en la Ley de Asociaciones Sindicales: convertía en facultativa la retención de cuotas de afiliación por parte del empleador siempre que hubiera conformidad expresa del trabajador, acuerdo entre las partes y autorización de la Secretaría de Trabajo. También bajaba del 6% al 5% la contribución patronal a las obras sociales sindicales. Esos dos puntos no quedaron en la sanción final.

La Ley 27.802 publicada en el Boletín Oficial fijó un tope del 2% para aportes y contribuciones a favor de asociaciones de trabajadores previstos en convenios colectivos, pero excluyó expresamente de ese límite a las cuotas de afiliación sindical. Y mantuvo en 6% la contribución patronal a las obras sociales, en lugar de la baja al 5% que proponía el proyecto original. El Ejecutivo ya reconocía en febrero que trabajaba sobre una reforma del Código Civil y Comercial con impacto sobre el régimen de personas jurídicas, incluyendo asociaciones civiles, y que las SAD iban a ser parte de ese paquete más amplio.

También advertía que esos cambios podían generar tensión con los sindicatos por el esquema de elección de autoridades y por la revisión del marco general de funcionamiento. “Vamos a mandar la reforma cuando hayamos ordenado otros frentes”, expresan en Nación. La Casa Rosada busca llegar al segundo semestre sin abrir un canal nuevo con la CGT y con la disputa por la reforma laboral todavía en la Justicia. La apuesta oficial es sostener la presión en tribunales, evitar otra escalada inmediata en la calle y retomar más adelante la agenda que no logró cerrar en la reforma laboral.