Por una iniciativa del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una “regresiva” reforma laboral (Ley 27.802). La normativa generó incluso denuncias judiciales por “inconstitucionalidad” que deberá ser examinadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El viernes, el organismo internacional informó que convocó al Estado a una audiencia presencial, que se desarrollará en Washington el próximo martes 4 de agosto a las 13, hora de Argentina.

Para el polo sindical que nuclea a sindicatos críticos al gobierno de Javier Milei, la llamada ley de modernización laboral que se sancionó en sesiones extraordinarias “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. “La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.

Además, al detallar las políticas que desarrolló la gestión libertaria hasta lograr la sanción de la “regresiva reforma laboral” la presentación precisó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”. En este marco, citaron el caso de la multimillonaria multa por más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario de La Fraternidad, o la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.

La denuncia la generó el polo gremio y fue acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), que precisa en el texto que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”. Agregó: “El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2025, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática y reduce el espacio cívico”.

De la audiencia, que se realizará durante el 196° período de sesiones de la CIDH, participarán representantes de las organizaciones denunciantes. Que por cierto son una gran cantidad, más de 100. Entre los gremios más relevantes que adhirieron a este marco, se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros), la Central de Trabajadores de la Argentina, el Sindicato de Trabajadores Viales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, entre otros.