Durante una rueda de prensa, el ministro de la Presidencia de Portugal, Antonio Leitao Amaro, recordó el caso de 38 ciudadanos marroquíes liberados de centros de acogida tras haber superado el plazo de detención permitido. Estas personas, explicó el Gobierno, recurrieron a mecanismos legales, como solicitudes de asilo, recursos judiciales con efecto suspensivo y la ausencia de documentación para demorar su expulsión forzosa. Según informó Europa Press, este antecedente ha sido utilizado por el Ejecutivo como ejemplo de la necesidad de reformar el sistema migratorio del país.

El Gobierno portugués, bajo la dirección del primer ministro Luis Montenegro, aprobó recientemente un proyecto de ley compuesto por ocho puntos, orientado a agilizar la deportación de personas consideradas migrantes irregulares en el territorio nacional. De acuerdo con Europa Press, la iniciativa plantea la extensión de los plazos máximos de detención en centros de internamiento temporal, que pasarán de dos a dieciocho meses. El objetivo principal de esta reforma reside en limitar el uso de lagunas legales para evitar o demorar el proceso de expulsión de quienes no cumplen con los canales legales de ingreso y permanencia en Portugal.

El propio Leitao Amaro indicó ante los medios que, para que una política de inmigración resulte ordenada y humanista, resulta indispensable distinguir entre quienes acceden por vías regulares y quienes eligen la ilegalidad o recurren a redes organizadas de inmigración irregular. Sostuvo que el Estado debe integrar y valorar a las personas que recurren a la legalidad y, en contrapartida, establecer consecuencias claras para quienes contravienen la normativa. De acuerdo con Europa Press, el Ejecutivo presentó esta reforma como una continuación directa de las políticas migratorias adoptadas a lo largo de este año, que han buscado equilibrar la integración con el control y la regularización.

El texto legal, que ya fue sometido a consulta pública y que debe recibir el aval de la Asamblea, plantea además la posibilidad de prolongar la detención en centros de internamiento de manera inicial por seis meses, con la opción de prórroga por otros seis meses adicionales. El Gobierno detalló que este aumento en el tiempo de detención responde a la necesidad de garantizar que los procedimientos administrativos y judiciales relacionados con las expulsiones puedan concluirse dentro de los límites legales, evitando que los plazos cortos actuales propicien la liberación automática de personas cuya expulsión sigue pendiente. Dentro del paquete de medidas propuesto, se encuentra la ampliación de los períodos de prohibición de reingreso al país para quienes hayan sido expulsados de manera forzosa.

Europa Press reportó que la legislación incorporará restricciones adicionales, de modo que la reentrada de personas expulsadas quede limitada durante plazos más extensos por ley. Otra de las novedades previstas en el proyecto apunta a evitar el uso del estatus de refugiado o asilado como estrategia para dilatar o impedir las expulsiones. Según informó Europa Press, el Ejecutivo busca cerrar resquicios legales que, a juicio del Gobierno, han permitido postergar la salida de personas con resoluciones de expulsión, reforzando los mecanismos de control sobre las solicitudes de protección internacional en contextos donde existan indicios de instrumentalización de los procedimientos de asilo.

Leitao Amaro expuso ante la prensa que la nueva normativa reafirma el principio de que las leyes de inmigración deben cumplirse de manera estricta, estableciendo que aquellas personas que respeten las reglas recibirán la bienvenida y que la comunidad tiene la responsabilidad de facilitar su integración, mientras que quienes eludan las normas enfrentarán procesos reforzados de control y expulsión. Europa Press consignó que esta iniciativa coincide con otras reformas migratorias aprobadas previamente. Entre ellas figura la promulgación, en octubre de 2025, de una ley de extranjería validada por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y aprobada en septiembre por la Asamblea de la República.

Esta legislación previa introdujo modificaciones en los permisos de residencia, fomentó la llegada de extranjeros cualificados y fijó límites para la reagrupación familiar de migrantes. El Ejecutivo sostiene que el endurecimiento de las normas responde a desafíos prácticos derivados del funcionamiento anterior del sistema, enfatizando que las condiciones legales, materiales y administrativas no habían permitido ejecutar de manera rápida y efectiva las expulsiones necesarias. Según publicó Europa Press, el Gobierno insiste en la necesidad de reforzar la capacidad organizativa del Estado portugués para responder con mayor agilidad ante situaciones en las que la normativa vigente ha resultado insuficiente.

El debate en torno a la nueva legislación incluye consideraciones sobre el equilibrio entre respeto a los derechos humanos, integración y control migratorio. Europa Press detalló que el proyecto propuesto deberá superar el trámite en la Asamblea antes de entrar en vigor, por lo que el proceso legislativo seguirá generando discusión tanto en medios políticos como sociales.