El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que ordenaba regularizar en un plazo máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que la medida judicial continuará vigente hasta que la Cámara Federal emita una resolución definitiva sobre el caso. El fallo había surgido a partir de un amparo colectivo impulsado por organizaciones y centros terapéuticos que denunciaron demoras en los pagos y riesgo de interrupción de tratamientos esenciales para personas con discapacidad. En su resolución, el magistrado sostuvo que el Estado nacional se encuentra “en mora” respecto al cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” registradas en los pagos a prestadores. Además, señaló que existe un “riesgo inminente” para pacientes que dependen de terapias, medicamentos y asistencia especializada. La cautelar tiene una vigencia de seis meses o hasta que exista una sentencia firme y obliga al Gobierno a garantizar la continuidad de las prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La causa fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba junto con entidades como Apadim y el Pequeño Cottolengo Don Orione, entre otras instituciones locales. Los demandantes denunciaron que muchos prestadores dejaron de cobrar los montos adeudados por el Estado, situación que afecta directamente la continuidad de tratamientos y la entrega de medicamentos. Al dictar la medida, Vaca Narvaja también citó un informe del programa Incluir Salud perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. Allí, la cartera encabezada por Mario Lugones argumentó que las demoras responden a un “proceso de reordenamiento estructural” del área tras la incorporación del programa a la Administración Pública Nacional centralizada. Según el informe oficial, esa transición administrativa generó retrasos en la tramitación de pagos durante la etapa inicial del nuevo esquema de gestión. El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja que ordenaba regularizar en un plazo máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad.