El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha. Fuentes de Casa Rosada confirmaron a A24 que el Ejecutivo recurrirá la decisión del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la norma y ordenó avanzar con su cumplimiento. El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

La decisión fue confirmada por fuentes de Casa Rosada a A24, luego de la resolución del juez federal Martín Cormick. El magistrado hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que habían cuestionado la suspensión de los fondos previstos por la normativa. La resolución alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero había supeditado su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de recursos y contemplara las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

Para Cormick, esa condición impedía la aplicación de una ley que había sido sancionada por el Congreso. La decisión judicial consideró que el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo resultaba inconstitucional y ordenó avanzar con las medidas necesarias para poner en funcionamiento la norma. El fallo también dispuso que el Gobierno adopte las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con los aumentos establecidos por la ley.

La controversia se originó luego de que el Poder Ejecutivo condicionara la ejecución de la Ley 27.795 a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto. El planteo fue llevado a la Justicia por el CIN y la UBA. La resolución contempla recursos destinados a salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

El juez también cuestionó que el Decreto 759/2025 estableciera una condición para la aplicación de una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras del Congreso después de que rechazaran el veto original del presidente Javier Milei. Frente al fallo, fuentes de Casa Rosada confirmaron a A24 que el Gobierno “va a apelar” la decisión judicial. De esta manera, el Ejecutivo buscará revertir la resolución que declaró inconstitucional el decreto y ordenó poner en funcionamiento la Ley de Financiamiento Universitario.

La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que la disputa continuará en el ámbito judicial a partir de la apelación que prepara el Gobierno.