OSFA (obra social de las Fuerzas Armadas) comenzó este jueves 1° de octubre a asumir plenamente la atención médica del personal de las Fuerzas Armadas y sus familias. En paralelo, el ministerio de Defensa tomó la decisión de cancelar el pasivo acumulado al mismo tiempo que se produjo el recambio del administrador de la liquidación de la ex IOSFA. El pendiente sin respuesta es cómo se llegó a esa deuda y quien o quienes tuvieron responsabilidad en la generación de tamaño pasivo.

Gonzalo Secchi reemplazó al coronel mayor retirado Ariel Guzmán como adelantó Ámbito. El nuevo funcionario llega con perfil de abogado, contador y auditor, antecedentes en el ámbito bursátil y societario y experiencia vinculada a procesos de reestructuración de pasivos. El Gobierno decidió avanzar con la cancelación de la deuda histórica de la obra social militar, estimada en más de $200.000 millones, en una medida que coincide con el inicio formal de las prestaciones de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Esta iniciativa negociadora venía postergándose hasta que la situación desmadró alcanzando y poniendo en riesgo la inauguración formal de cobertura de la nueva entidad de prestación de las tres fuerzas armadas. El humor entre prestadores, droguerías, laboratorios y demás actores del ecosistema sanitario que habitualmente atendía a afiliados militares no era el mejor por las millonarias acreencias no respondidas. La decisión ahora instrumentada por el ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Presti, en coordinación con el Tesoro Nacional, apunta a recomponer la red de prestadores que quedó afectada por el fuerte pasivo acumulado durante la gestión de la disuelta IOSFA.

Innumerables cortes de prestaciones a nivel nacional marcaron los últimos meses de una transición que rebeló las adhesiones a aquella política del Comandante en Jefe, Javier Milei de “poner en valor las Fuerzas Armadas”. El primer dato para apagar fuegos quedó en una frase del comunicado oficial de OSFA, una respuesta a quienes esperan reintegros, “se paga un primer lote de más de 10.000 reintegros por gastos de salud, por un monto superior a $5.000 millones, anuncio OSFA. El cambio de administrador y la deuda que queda sobre la mesa El giro financiero de la obra social militar se produce pocos días después de un cambio relevante en la administración de la estructura residual de IOSFA.

El 24 de septiembre, el ministerio de Defensa aceptó la renuncia de Ariel Guzmán como administrador del Instituto y designó en su reemplazo a Gonzalo Secchi, con rango y jerarquía de secretario. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 671/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre. Secchi llega a la etapa final de liquidación con un perfil profesional diferente al de su antecesor.

Es abogado, contador público y licenciado en Administración por la UBA, socio fundador de un estudio dedicado a auditoría y asesoramiento y revisor de cuentas de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, función vinculada con el control contable y la fiscalización de estados financieros. Su recorrido también registra participación en sociedades privadas y un antecedente relacionado con la problemática que ahora deberá administrar: Pragmático S.A., vinculada al establecimiento Suipacha Suites, atravesó un concurso preventivo de acreedores. Para Secchi, la tarea será ahora administrar el tramo final de una liquidación que conserva pasivos con prestadores, acreencias entre organismos, obligaciones laborales, activos que deben ser transferidos y convenios que deben cerrarse o redefinirse, mientras la nueva OSFA comienza a funcionar con una estructura propia.

Los temas que Guzmán dejó para la nueva administración El cambio de conducción dejó sobre el escritorio de Secchi una agenda extensa de cuestiones pendientes. En una carta dirigida al nuevo administrador y fechada el 25 de septiembre, Guzmán dejó asentados los principales asuntos que, según explicó, requerían seguimiento para completar la liquidación y cierre definitivo de IOSFA. Entre los puntos aparecen los fondos necesarios para afrontar los haberes del personal, el destino de los empleados que trabajan en unidades turísticas y centros recreativos, el traspaso de inmuebles a las Fuerzas Armadas, la continuidad o finalización del convenio prestacional transitorio y la situación de las delegaciones, centros médicos y farmacias propias.

Uno de los datos financieros más importantes del documento es el reclamo de recursos para sostener la transición. Guzmán había solicitado un adelanto de $20.000 millones al presidente de OSFA. Al 23 de septiembre, según el informe, quedaban pendientes de transferencia $4.943 millones.

El documento también deja planteado el problema de los recursos reservados en una cuenta bancaria de la Sociedad Militar Seguro de Vida, que debían regresar a la cuenta pagadora de IOSFA y ser utilizados, entre otros destinos, para afrontar gastos derivados de cierres de farmacias, delegaciones, licitaciones/contrataciones y honorarios para los que permanezcan en IOSFA hasta la clausura definitiva. El punto crítico: el convenio prestacional Otro de los asuntos centrales que deberá resolver Secchi es el Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio firmado entre IOSFA y OSFA. Según el informe de Guzmán, durante mayo y junio IOSFA recibió aproximadamente $81.000 millones de las Fuerzas Armadas correspondientes al reclamo por la incorrecta liquidación de aportes individuales y contribuciones patronales.

Esos fondos permitieron cancelar deuda y recuperar parte de las prestaciones y del suministro de medicamentos. Pero el esquema financiero se modificó desde abril, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a derivar sus aportes a OSFA. A ello se sumó, desde junio, el traslado de los recursos correspondientes a las Fuerzas de Seguridad hacia OSFFESEG.

El informe señala que la pérdida de ese flujo de fondos volvió a generar dificultades para cancelar obligaciones, con nuevos cortes de servicios y problemas en la provisión de medicamentos. Una deuda con tensión política La transición también dejó pendientes reclamos patrimoniales de magnitud. El informe de Guzmán consigna que las acreencias vinculadas con las Fuerzas de Seguridad superan los $145.000 millones, derivadas de obligaciones relacionadas con aportes personales y contribuciones patronales.

El documento señala que las Fuerzas Armadas habían abonado durante abril, mayo y junio la deuda reclamada por IOSFA, mientras que las Fuerzas de Seguridad no habían cancelado sus respectivas obligaciones y el expediente estaba encaminado hacia la Procuración del Tesoro. La negociación política con el ministerio de Alejandra Monteoliva por la deuda, más de 120 mil millones de pesos, de las fuerzas de seguridad con IOSFA está en punto muerto. Definición sobre el personal de IOSFA que trabaja en hoteles y centros turísticos El paper de Guzmán advertía a Secchi que la transferencia de las unidades turísticas y centros recreativos a las Fuerzas Armadas obliga determinar, en cada caso, si los trabajadores acompañarán el traspaso, permanecerán dentro de IOSFA durante la liquidación o deberán quedar sujetos a otro tratamiento administrativo.

Afirmó que la decisión tenía que adoptarse antes del 29 de setiembre. El propio Guzmán dejó asentado un antecedente discutido durante las reuniones mantenidas en Defensa: si el personal de planta permanente del Estado que actualmente trabaja en las unidades turísticas y centros recreativos no fuera transferido a las Fuerzas Armadas y debiera pasar a disponibilidad, el ministerio de Defensa asumiría el pago de sus haberes durante ese período. La definición sobre ese grupo tiene una consecuencia presupuestaria directa para Defensa y también forma parte del costo que deberá afrontar el Estado mientras se completa el proceso de transferencia y liquidación.

La manifestación del gremio ATE; toma violenta del edificio de IOSFA en la calle Paso; ocurrió el 24 y 25 de setiembre con el argumento de evitar la finalización de los contratos de unos 400 trabajadores y mantener al personal de planta permanente fuera del proceso de disponibilidad. Defensa pactó 60 días de prórroga para encarrilar el proceso de reestructuración del personal. El destino de esas estructuras y de quienes trabajan en ellas completa una de las decisiones que Secchi recibe de la administración saliente: definir qué personal continúa, quién es transferido, qué contratos deben concluir y qué costo tendrá para el Estado el cierre de las instalaciones.