El Gobierno planea enviar en junio otra tanda de reformas que quedó afuera del último paquete de proyectos que Javier Milei remitió al Congreso. En el Ejecutivo sostienen que los tiempos se terminarán de definir en la mesa política del martes, donde volverán a encontrarse Santiago Caputo y Martín Menem después de las tensiones internas de los últimos días. Antes, el lunes, el Presidente encabezará una reunión de Gabinete. El último envío quedó limitado a cuatro proyectos: Super-RIGI, gestión de intereses, ludopatía y alimentación saludable. El Super-RIGI y la ley de lobby ingresaron por Diputados, mientras que ludopatía y cambios sobre etiquetado frontal fueron remitidos al Senado. La decisión dejó para una segunda etapa una agenda más estructural, con impacto directo sobre reglas empresarias, defensa de la competencia, organización judicial y sectores regulados. Afuera de esa tanda quedaron la reforma de competencia, cambios en sociedades, juicio por jurados y un paquete de desregulación. La intención de la Casa Rosada es enviar esas iniciativas durante junio, aunque no todas están en el mismo estado. El paquete de desregulación todavía sigue bajo redacción y hay capítulos sin terminar. La reforma de competencia es uno de los capítulos más sensibles para el sector privado. En Balcarce 50 trabajan sobre cambios en la Ley de Defensa de la Competencia, que regula carteles, abuso de posición dominante y operaciones de concentración económica. Un borrador que trascendió contiene la eliminación de la figura de abuso de posición dominante en términos “explotativos” y la preservación de la variante “exclusoria”. En términos concretos, el cambio busca que la autoridad no intervenga sobre una empresa dominante solo por discutir precios considerados altos, sino cuando haya conductas destinadas a excluir competidores o bloquear el ingreso de nuevos jugadores. El texto también prevé duplicar los umbrales de notificación que analiza la Autoridad Nacional de la Competencia para fusiones y adquisiciones. Eso significa que menos operaciones empresarias quedarían obligadas a pasar por revisión previa. El argumento oficial es concentrar el control en transacciones de mayor escala y reducir trámites en operaciones de bajo impacto. La reforma de sociedades apunta a modificar la Ley General de Sociedades 19.550, sancionada en 1972. El objetivo oficial es actualizar el marco jurídico para negocios, startups, filiales extranjeras y estructuras societarias más flexibles. Entre los cambios que el Gobierno viene trabajando aparece la posibilidad de incorporar sociedades de responsabilidad limitada unipersonales, una herramienta que facilita la radicación o creación de empresas sin necesidad de forzar la existencia de dos socios formales. Ese capítulo también incluye medidas de alto impacto interno en las compañías. En los borradores aparece la incorporación de “stock options” para que personal y proveedores puedan participar del capital accionario como incentivo, una práctica usual en firmas tecnológicas y emprendimientos de crecimiento rápido. También se trabaja sobre la posibilidad de cancelar la participación de socios minoritarios que se desentiendan de la vida societaria, abonándoles el capital correspondiente. Ese punto puede ser discutido porque toca el equilibrio entre agilidad societaria y derechos de minorías. El proyecto de juicio por jurados quedó bajo revisión del Ministerio de Justicia. La iniciativa busca establecer el juicio por jurados en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión. El esquema que el Ejecutivo tiene en estudio contempla jurados de 12 miembros titulares y al menos dos suplentes, con integración paritaria entre hombres y mujeres, y un juez encargado de conducir el debate e instruir al jurado sobre el derecho aplicable. El punto central es que el jurado determinaría la culpabilidad o no culpabilidad del acusado sobre la base de la prueba producida en el juicio, sin expresar los motivos de su decisión. Ese diseño responde al modelo clásico de jurados, pero anticipa debate jurídico: para sus defensores, amplía la participación ciudadana y cumple un mandato constitucional pendiente; para sus críticos, puede complejizar causas federales sensibles y abrir discusiones sobre motivación del veredicto, revisión judicial y costos operativos en tribunales que ya funcionan con demoras. El paquete de desregulación es el más amplio y todavía no está cerrado. Incluye cambios en navegación y cabotaje, mercado inmobiliario, seguros, mercado de capitales y otras actividades reguladas. En el Gobierno sostienen que la lógica es reducir barreras de entrada, bajar costos y eliminar permisos o intermediaciones obligatorias que encarecen operaciones. No se trata de una reforma menor: apunta a sectores con fuerte resistencia corporativa, sindical o profesional. Uno de los ejes más sensibles es la navegación y el cabotaje. El Ejecutivo quiere reabrir la discusión sobre el uso de los ríos para transporte de cargas y la posibilidad de flexibilizar el régimen que reserva el cabotaje interno a buques nacionales con tripulación local. En Balcarce 50 sostienen que el sistema actual encarece la logística y obliga a mover por camión cargas que podrían viajar por vía fluvial, como madera del NEA, granos del norte o insumos para Vaca Muerta. El choque puede venir de sindicatos marítimos, navieras locales y sectores que advierten sobre impacto laboral y pérdida de control nacional sobre rutas internas. El capítulo inmobiliario apunta a revisar la intermediación obligatoria y los requisitos profesionales para operar en compraventas o alquileres. La discusión de fondo es si la matrícula y los colegios profesionales funcionan como garantía para los usuarios o como barrera de entrada que encarece comisiones. En seguros, la línea de trabajo es darles más margen a las compañías para definir productos sin autorización previa del regulador, con la idea de generar más oferta y competencia. En el mercado de capitales, el objetivo es ampliar instrumentos de financiamiento privado, aunque ese tramo todavía aparece entre los que siguen en elaboración. La estrategia de junio será parte de la discusión de la mesa política. La Casa Rosada busca ordenar esta segunda tanda con otros frentes abiertos: propiedad privada, el acuerdo con holdouts, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y la reforma electoral, que sigue sin votos suficientes para avanzar. La reforma del Código Penal, en cambio, continúa trabada por diferencias internas y no forma parte del calendario inmediato.