El Gobierno acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla en abril, en medio de los amparos que frenaron parte de su aplicación. El Ejecutivo ya puso en marcha el circuito administrativo para cerrar el decreto reglamentario de la Ley 27.802, que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero. La decisión política de la Casa Rosada es avanzar sin retrocesos de fondo sobre el contenido de la ley. En el oficialismo aseguran que no van a “morigerar” ninguna de las partes de la reforma por efecto de las presentaciones judiciales, aunque reconocen que la reglamentación buscará blindar algunos puntos que quedaron bajo mayor cuestionamiento. La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. La hoja de ruta oficial apunta a concentrar la mayor cantidad posible de denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y, eventualmente, escalar la discusión hasta la Corte Suprema. “La estrategia busca unificar los procesos para atacar todos los frentes en los que surjan denuncias de forma coordinada”, agregan. El circuito de la reglamentación abarca a Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, los expedientes llegan a Legal y Técnica, que unifica el texto final y le da forma para su publicación en el Boletín Oficial. La participación de ARCA no es secundaria: la ley le asigna funciones expresas en materia de registración laboral y en la instrumentación de obligaciones de seguridad social. Mientras que el nuevo artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo remite a la reglamentación para definir sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia, el artículo 52 deja en manos de ARCA la normativa de registración y el artículo 92 ter prevé que las prestaciones de seguridad social para contratos a tiempo parcial se determinen reglamentariamente. Uno de los puntos bajo mayor seguimiento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el oficialismo admiten que la reglamentación de ese esquema está entre las prioridades y que también se analiza que pueda direccionarse a colocaciones del Tesoro, como a otras opciones de inversión. La aceleración del decreto se da, además, en paralelo a la estrategia más amplia del Gobierno sobre el mapa judicial laboral. Nación no quiere dejar caer tampoco el acuerdo de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo consideran que esa arquitectura también forma parte del blindaje institucional con el que buscan ordenar la disputa judicial sobre la reforma. El Ejecutivo apuesta a que el decreto reglamentario de la reforma laboral funcione como “blindaje” técnico en dos puntos clave: cómo se aplica la ley a relaciones laborales ya existentes y cómo se instrumentan los nuevos procedimientos. En la mayoría de los despachos oficiales descuentan que el proceso terminará por definirse en la Corte Suprema.