El foco se posó y apoyó una lupa sobre el manejo de los recursos de la Legislatura bonaerense cuando estalló el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero político que detuvieron mientras extraía fondos de un cajero automático con más de 40 tarjetas de débito de presuntos “empleados” de la Cámara de Diputados provincial. Pero ya había antecedentes opacos sobre el funcionamiento administrativo de ese poder del Estado bonaerense, que requiere todos los años el aporte del 0,9% de los recursos presupuestados en la Provincia. En diciembre de este año, ese indicador se hizo número concreto.

El gobernador Axel Kicillof firmó el decreto que destinaba $ 222.800 millones de pesos para la Cámara de Diputados y $ 156.204 millones para el funcionamiento del Senado de Buenos Aires. Implica una erogación de $ 1.035 millones por día para ejercer la función de uno de los poderes constitucionales. El parlamento provincial tiene 46 senadores y 92 diputados.

En abril de este año, desde los bloques libertarios plantearon la necesidad de reformar la Constitución para hacer un Legislativo unicameral. Es una propuesta que ha tenido otras expresiones desde el radicalismo y desde sectores filo peronistas pero hasta ahora no avanzaron. En el actual ejercicio, menos, porque las sesiones fueron casi inexistentes.

La Legislatura tiene un número indefinido de agentes, que varía según los años. La falta de precisión tiene que ver con que no están obligados a reportar en la sede instalada en la manzana comprendida por las calles 7, 8, 51 y 53. La flexibilidad laboral permite que pueda haber contratados con tareas asignadas en municipios o localidades del interior.

No obstante, serían más de 2.200 los integrantes de la planta permanente de ambos cuerpos. Los legisladores provinciales tienen un ingreso aproximado de entre $ 5,8 y $6,3 millones. Algunos -como el caso de los radicales- aportan 20% de ese monto a un “fondo partidario”.

Pero el filón está en otros recovecos que conocen los operadores de la política provincial. La designación como autoridades de las cámaras (vice, vice primero, segundo y más) redunda en beneficios monetarios que pueden resultar de utilidad política. Una presidencia de bancada, la silla principal de una comisión o el despacho de mando en uno de los cuerpos representa la posibilidad de acceder a “módulos” que son unidades fijas extras a la dieta, que los legisladores pueden usar para destinos variados: desde contratar personal hasta otorgar subsidios a entidades de bien público.

Cada “módulo” está valuado en poco más de $ 6.000 y los representantes reciben -como mínimo- 3.000 por mes para afrontar todo tipo de gastos: la contratación de asesores, los viajes, las acciones en sus distritos y también el despliegue político territorial. Esa erogación es mientras está en sesiones ordinarias. Es decir, entre marzo y noviembre de cada año, explicaron a Clarín fuentes legislativas.

Pero ese volumen de módulos se puede abultar cuando se trata de legisladores que son autoridades de cámara o bloques. Eso explica, también, las tensiones que derivaron en demorar la conformación de las comisiones. En total, en 2026, el Poder Legislativo tiene aprobado un gasto de $ 378.004 millones.

Representa el doble que el presupuesto que el Ejecutivo asignó -por ejemplo- a la secretaría de Protección de la Niñez y Adolescencia ($ 184.052 millones según la Ley de Presupuesto 2026) o tres veces más que los recursos destinados a los medicamentos que provee el Instituto Provincial del Cancer ($ 125.000 millones). Después de casi seis meses de inactividad Diputados sesionó el 28 de mayo y tenía previsto una reunión para este lunes. Había temario variado y un reclamo puntual de la oposición sobre temas de salud.

La presidencia del cuerpo decidió postergar la sesión. Los bloques enfrentados al PJ tenían garantizada la asistencia suficiente para habilitar la sesión especial y poner en discusión la gestión de la obra social. “El gobernador no quiere discutir un tema central para la agenda bonaerense. Afiliados, familiares, prestadores.

Todos comparten: IOMA no está cumpliendo sus funciones y misiones”, dijo el diputado Diego Garciarena (UCR). El legislador del PRO Fernando Rovello, que le reclamó personalmente a Kicillof sobre IOMA durante la apertura de sesiones el 1 de marzo, dijo que “voltearon la sesión sin fundamentos” y que el gobernador “destrata una vez más a los bonaerenses”. Sobre la firma Tags relacionados