Cristina Kirchner atraviesa una etapa de máxima exposición judicial desde su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, mientras se prepara para enfrentar definiciones en varias de las causas que tramitan en los tribunales federales. Casación le cerró la puerta a flexibilizar su detención en Constitución, mientras los fiscales impulsan el remate de más propiedades y millones de dólares. Cristina Kirchner atraviesa una etapa de máxima exposición judicial desde su prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución, mientras se prepara para enfrentar definiciones en varias de las causas que tramitan en los tribunales federales. La expresidenta tiene por delante un nuevo llamado a indagatoria en el juicio por Cuadernos, que deberá ser presencial. En tanto, con la conformación del Tribunal Oral Federal 5 se delinea el camino para que los jueces fijen la fecha de inicio de las audiencias para Los Sauces y Hotesur. A todo esto, fracasó su intento de flexibilizar las condiciones de la detención domiciliaria. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que continuará con tobillera electrónica y mantendrá las restricciones vigentes tanto para las visitas como para el uso de la terraza del edificio ubicado en San José 1111. La Sala IV de Casación confirmó que el monitoreo electrónico es una herramienta válida para garantizar el cumplimiento efectivo de su detención. Para las visitas se sigue requiriendo autorización individual, con el detalle del motivo, fecha y hora programada. Los encuentros solo están permitidos dos veces por semana, hasta tres personas simultáneas, con un plazo máximo de 2 horas. Por otro lado, Cristina Fernández solo puede acceder a la terraza dos horas diarias, entre las 06:00 y las 20:00 horas. A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la exmandataria había pedido el cese del uso de la tobillera, dejar sin efecto la exigencia de una autorización individual del TOF 2 para recibir visitas y de las limitaciones para subir a la terraza del edificio. Analizaron que la presencia permanente de efectivos de la Policía Federal en la puerta de su casa “evita el peligro de fuga y lo neutraliza, tornando innecesario y superfluo la tobillera electrónica”. Sobre las restricciones a las visitas argumentaron que si Cristina Fernández hubiera tenido que cumplir su pena en una cárcel no necesitaría tramitar permisos, y que “el mantenimiento de tales limitaciones, en su caso, podrían eventualmente afectar el ejercicio de derechos políticos que no han sido puntualmente restringidos mediante el pronunciamiento condenatorio”. Entendieron que la prohibición de ir a la terraza más de dos horas al día es “un castigo adicional y arbitrario”, que no se compadece con la normativa vigente ni con la conducta que ha desarrollado la expresidenta durante los ocho meses en los que viene cumpliendo su pena. Asimismo, los defensores se quejaron de que el requisito de autorización previa de visitas alcance a la cuñada de la expresidenta, Alicia Kirchner, a sus sobrinas Romina y Natalia Mercado y al ex viceministro de justicia Juan Martín Mena. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron el decomiso de los bienes de los condenados en la causa Vialidad, a la vez que identificaron casi 200 propiedades y automotores para agregar a la lista de posesiones para reponer al Estado el dinero robado a través de la corrupción. Según la presentación a la que tuvo acceso A24.com se trata de “141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; USD4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24”. El MPF (Ministerio Público Fiscal) insistió en que los condenados “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme” utilizando todo tipo de artilugios procesales que fueron declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal de ejecución. Además, se quejaron porque ninguno de los condenados depositó un solo peso de los 684.990.350.139,86 que fijó la Justicia, a pesar de que el plazo ya está vencido hace meses. Señalaron que “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”. Los fiscales solicitaron decomisar a nombre de Cristina Fernández de Kirchner 10 inmuebles -3 en CABA y 7 en Santa Cruz- pertenecientes a Los Sauces SA; 3 inmuebles -en Santa Cruz- pertenecientes a Hotesur SA. Asimismo pidieron el recupero de 4.664.000 dólares, 992.134 dólares y 53.280 pesos depositados en cuentas a nombre de Florencia Kirchner. En cuanto a Lázaro Báez, reclamaron el decomiso de 83 inmuebles en Santa Cruz, 3 en la provincia de Buenos Aires, 3 en Tierra del Fuego a nombre de Badial SA, y 6 automotores a nombre de Diagonal Sur Comunicaciones SA. Cuando finalice la etapa de presentación de cuestiones preliminares en el juicio por Cuadernos comenzará la ronda de indagatorias a todos los acusados. Cristina Fernández debe prepararse para volver al banquillo, lo que implicará su traslado a la Sala de Audiencias cumpliendo con los protocolos de una persona privada de la libertad. Si continúa con el mismo criterio que manejó en otros procesos es probable que acepte declarar en ejercicio de su defensa. Por otro lado, a fin de mes las audiencias pasarán a celebrarse tres veces por semana. En cuanto a los expedientes de los casos Hotesur-Los Sauces se sorteó la nueva integración del TOF 5, que quedó formado por Adriana Paliotti, Juan Michilini y Fernando Machado Pelloni. Los jueces deben ponerle fecha de inicio a las audiencias en las que analizará un presunto esquema de lavado de dinero a través de las empresas hoteleras de la familia Kirchner. En medio de este panorama, la única resolución favorable para Cristina Kirchner fue el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que habilitó la restitución de la pensión vitalicia que percibía como viuda del expresidente Néstor Kirchner. No obstante, el Gobierno presentó un recurso extraordinario para revocar la decisión. Los jueces que le devolvieron la pensión a la exmandataria consideraron que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo” (en referencia al ANSES).