El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó el uso de subsidios generalizados a las tarifas como herramienta para contener el impacto de la inflación y planteó que las transferencias directas y focalizadas resultan una alternativa menos costosa para proteger a los hogares de menores ingresos. La posición surge de un informe basado en el análisis de intervenciones estatales implementadas en 76 países durante las últimas tres décadas. Según el organismo, subsidiar el consumo para mantener tarifas bajas puede requerir entre tres y seis veces más recursos fiscales que asistir directamente a las familias vulnerables.

La diferencia es todavía mayor cuando el subsidio se dirige a los productores de energía. En ese caso, el costo para las cuentas públicas puede ser entre 14 y 22 veces superior al de una transferencia directa a los sectores de menores ingresos. El FMI señaló que estas políticas buscan amortiguar el impacto inmediato de las subas sobre los consumidores, pero generan distorsiones en los incentivos de consumo, desalientan el ahorro energético y pueden incrementar el endeudamiento público.

El impacto sobre los hogares El organismo sostuvo que los aumentos de alimentos y energía afectan con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos porque destinan una proporción más elevada de sus recursos a bienes y servicios básicos. Como ejemplo, citó la crisis energética europea de 2022 y 2023. Según su análisis, menos de 20 centavos de cada euro destinado a contener los precios de electricidad, gas y combustibles llegaron al 20% más pobre de los hogares.

En ese marco, recomendó utilizar transferencias de ingresos temporales y focalizadas, con mecanismos de caducidad vinculados a la duración del shock. La situación en Argentina El informe también se conoció en un contexto de fuerte aumento de las tarifas de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos acumuló una suba del 867% desde diciembre de 2023, frente a un incremento estimado del 254% en el nivel general de precios.

En septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $268.405 para cubrir sus gastos de energía, transporte y agua. Aun después de los aumentos, el Observatorio estimó que los usuarios pagan en promedio el 54% del costo de los servicios, mientras que el Estado cubre el 46% restante.