El FMI publicó esta noche el staff report en el que aprueba la segunda revisión del programa por la que enviará u$s 1000 millones a Argentina. Además, ratifica que otorgó un waiver por el incumplimiento en la acumulación de reservas, lo que habilita el desembolso. Por otro lado, advierte por riesgos en el corto plazo, para lo cual recomienda acelerar la compra de reservas.

Riesgos “Los riesgos a corto plazo para las perspectivas son más equilibrados, pero siguen siendo elevados”, sentencia el Fondo. Es que “las condiciones financieras globales más restrictivas derivadas de las crecientes tensiones geopolíticas y las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027 podrían afectar la implementación de los programas. A medio plazo, salvaguardar la sostenibilidad externa es fundamental”.

Además, plantea que el conflicto en Medio Oriente podría endurecer las condiciones financieras mundiales y revertir las condiciones de financiación aún favorables, “lo que dificultaría la acumulación de reservas y el acceso oportuno a los mercados”. Además, advierte que los mayores precios de la energía podrían trasladarse a la inflación y entorpecer el recorte en subsidios. Sobre las elecciones del año próximo, marcaron: “Las incertidumbres políticas previas a las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar salidas de capital y ralentizar o revertir el impulso reformista, especialmente si se estanca el progreso en el fomento del empleo y los ingresos reales".

La mejora en la balanza comercial por la energía y los nuevos acuerdos comerciales ayudarían a mitigar las vulnerabilidades. Shocks Con el objetivo de mitigar riesgos, celebra la acumulación de reservas pero planteó la necesidad de acelerarlas. Además, plasmó que “el tipo de cambio continuaría fluctuando de forma flexible dentro de la banda cada vez más amplia, y las ventas de divisas se limitarían a episodios de volatilidad excesiva”.

De materializarse los riesgos, plantea que será necesario “un ajuste rápido de las políticas para salvaguardar la estabilización”. En esta línea, sostiene que el tipo de cambio debe actuar como amortiguador, y se deben endurecer la política monetaria y de liquidez para respaldar la demanda de pesos y el régimen de bandas. También plantea que se requerirá una política fiscal más estricta en caso de que aumente la volatilidad o el riesgo país, incluso “mediante una racionalización más rápida de los subsidios y transferencias más ágiles a provincias y empresas”. “Se podría considerar el apoyo temporal de las líneas de intercambio de divisas existentes, pero no debe sustituir los ajustes macroeconómicos necesarios”, advirtieron. “Una comunicación clara de las políticas, junto con un apoyo social bien dirigido para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas de Argentina”, dice el documento.

El organismo multilateral ya venía advirtiendo del impacto de la suba de los precios energéticos en todo el mundo. Pero, a diferencia de crisis anteriores, esta situación encuentra al país como exportador de energía, lo que “lo ayudará a mitigar el impacto”. Reformas Respecto de las reformas estructurales “para impulsar la productividad, la inversión, el empleo formal y las exportaciones netas”, se acordó mejorar la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, reducir las barreras comerciales y los costos logísticos, garantizar la adopción oportunidad de reformas laborales y mitigar los costos de desplazamiento y fortalecer la gobernanza.

Los primeros dos puntos van en línea con el reciente anuncio del Gobierno de una baja escalonada y previsible de las retenciones a las exportaciones. Inflación El organismo planteó que se mantienen estables las expectativas de inflación y que son coherentes con una recuperación gradual de la demanda de dinero. Además, espera que la inflación mensual continúe en un sendero decreciente en lo que resta del año.

Para finales de 2026, proyectan que la inflación se ubicará en un 25% interanual “Serán necesarias políticas estrictas y mejoras continuas en el marco y las operaciones monetarias para fortalecer el ancla nominal y garantizar que la inflación converja gradualmente a un solo dígito para 2028″, agregaron. INDEC El organismo ya había planteado la necesidad de actualizar la medición de inflación mediante la adopción de una canasta actualizada de consumo de los hogares. La medición estaba lista y se preveía implementarla desde enero de este año, pero el Gobierno optó por no aplicarla y plantear que desarrollará otra medición más actualizada.

Luego de este cambio, el organismo no se manifestó hasta este staff report, en el que dijo: “Es importante destacar que, dada la problemática historia de Argentina en cuanto a la falta de fiabilidad de sus estadísticas entre 2007 y 2015, también debería considerarse la publicación temprana de datos de inflación basados en ponderaciones de consumo actualizadas, así como el fortalecimiento de la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)“. “La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual”, sentenciaron. Los comentarios no sólo aplican a la inflación, ya que consideran que las cuentas nacionales también tienen limitaciones en detalles y precisión y reflejan un año base obsoleto, al igual que las estadísticas del sector externo ya que, salvo las de comercio exterior, se publican trimestralmente. “Es necesario modernizar el marco institucional que rige el INDEC. El personal del Fondo está dispuesto a seguir brindando asistencia técnica para apoyar los esfuerzos de las autoridades por subsanar estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”, agregaron.

Regreso a los mercados El FMI elogió la estrategia integral del Gobierno para cumplir con las obligaciones de deuda. El oficialismo ratificó que tiene cubiertos los vencimientos de este año y el próximo a través de varias estrategias: colocación de deuda en dólares en el mercado local, los REPO del Banco Central y garantías de multilaterales para conseguir los recursos. “Con el tiempo, las autoridades trabajarán para asegurar un acceso oportuno y sostenido a los mercados de capitales internacionales y reducir la exposición del Fondo. Se mantendrá la colaboración de buena fe para abordar las reclamaciones pendientes", agregaron.

Pide también reformas legales más amplias a la carta orgánica del Banco Central para fortalecer la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas de la entidad monetaria. Ancla fiscal Para el año proyectan un superávit de 1,4% del PBI, “respaldado por la continua contención del gasto y las reformas, especialmente en materia de subsidios”. En el mediano plazo, advierten que el limitado margen fiscal, el superávit primario irá creciendo hasta el 2,25% hacia adelante.

Este ajuste del gasto se daría gracias a las reformas en los sistemas tributarios y previsional, junto con una reforma del marco fiscal apoyando la consolidación a nivel provincial. El resultado, advierten, se mantendrá a pesar de “el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso de finales de 2025 en salud, educación y apoyo a las personas con discapacidad, así como las menores contribuciones a la seguridad social derivadas de la reforma laboral recientemente promulgada". Para mantener el ancla fiscal, las autoridades se comprometieron con el organismo a “reducir los subsidios energéticos, mejorar la orientación de las transferencias sociales y racionalizar aún más el gasto discrecional corriente y de capital”. “Además, están comprometidas a tomar medidas adicionales para salvaguardar el ancla fiscal”, agregaron. “Se está trabajando en un plan de reforma para reducir gradualmente los impuestos distorsionadores”, advirtieron desde el organismo, señalando los vinculados al comercio y las transacciones financieras, además de apuntar a una simplificación del sistema tributario y la ampliación de la base impositiva “mediante la racionalización de exenciones y los regímenes especiales”.

Esto se espera para finales de este año. La reforma sería gradual y en diálogo con las provincias, porque proyectan un aumento de la proporción de ingresos destinados a los gobiernos provinciales, paraque avancen en sus propias reformas tributarias. En este sentido, marcaron las líneas a seguir: “Estas reformas se complementan con mejoras adicionales en la administración de ingresos, incluyendo la implementación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal (que reduce los costos de cumplimiento), así como el lanzamiento de un sistema informático integrado (para finales de junio de 2026) y el establecimiento de un registro formal de riesgos de cumplimiento (para finales de diciembre de 2026)”. “Las autoridades deberían aprovechar cualquier oportunidad que surja para la adopción temprana de una reforma de ingresos más proactiva, ya que esto podría respaldar la consolidación fiscal y los esfuerzos de gestión de la deuda, así como el crecimiento y los objetivos externos, especialmente a medida que se profundiza la apertura comercial", agregaron.

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