El gobierno de Javier Milei va por la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que obligó a la industria alimenticia a colocar octógonos negros en el packaging de aquellos productos con exceso de nutrientes críticos para la salud. Con argumentos alineados a los del sector empresario, el oficialismo quiere dar marcha atrás con una norma que fue sancionada por amplias mayorías en el Congreso. Se trata de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642), que lleva cinco años de vigencia. El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para anularla y, aunque enumeró varios argumentos en contra, no citó ningún estudio ni cifra que dé cuenta del impacto real de los octógonos, ya sea en la industria o en el consumo. “La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de la ley ha permitido identificar diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas derivadas del esquema implementado, las cuales justifican la revisión integral del referido instrumento normativo”, sostiene el texto. Al defender la derogación, el Ejecutivo apunta como un problema que el sistema de octógonos utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplicados de manera uniforme a alimentos muy diferentes entre sí. Además, afirma que el esquema puede inducir “interpretaciones simplificadas” sobre la calidad nutricional de los alimentos. También cuestiona la metodología de cálculo utilizada para determinar los sellos, señalando que en algunos casos genera resultados “inconsistentes o desproporcionados” respecto del perfil nutricional global del producto. Asimismo, critica que muchos aspectos técnicos fueron incorporados directamente en el texto de la ley, en una “excesiva rigidez normativa” que impide realizar adaptaciones. Otro aspecto mencionado es que, al no haber una armonización regional en la materia, se generan según el Gobierno “asimetrías regulatorias” y dificultades operativas dentro del Mercosur, obligando a las empresas a generar diferentes rotulados según el mercado y aumentando “costos de adecuación y rediseño”. Brasil tiene un sistema de lupa y Uruguay aplica octógonos similares a los de Argentina, pero con matices. También se señala que la estructura binaria (octógonos sí o no) desincentiva a que las empresas hagan mejoras graduales en el producto y que eso se vea reflejado en los envases; y que el impacto del etiquetado es mayor en las pymes porque deben afrontar más costos fijos. Otro punto rechazado por el Gobierno son las restricciones en materia de publicidad, comunicación comercial y utilización de elementos gráficos en envases. Es que la ley, en aras de prevenir y combatir la obesidad infantil, prohíbe la venta de productos con al menos un sello en las escuelas, así como la presencia de personajes infantiles o dibujos animados en los envases. “Derogar la ley es un retroceso”: las voces a favor del Etiquetado Frontal “Los argumentos del Ejecutivo son los mismos que usó la industria alimentaria para resistirse a la aprobación de estas leyes en Uruguay, en Chile, en México, y también en Argentina”, alertó a este medio la exdiputada nacional de la UCR y actual legisladora provincial Brenda Austin, quien tuvo un papel preponderante en la aprobación del Etiquetado. Austin buscó desmontar cada uno de los argumentos del Gobierno. Recordó, por ejemplo, que la armonización dentro del Mercosur fue un tema que quedó saldado en el debate parlamentario. “Los países ya tienen regulaciones distintas. Cada vez que un productor envía un producto a estos países, tiene el deber de armonizar la etiqueta con los estándares de esos lugares”, dijo. También recordó que lo que motivó la ley (cuyos autores fueron los mendocinos Julio Cobos, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti de La Cámpora) fue el drama de la obesidad infantil. “Argentina es uno de los países con indicadores más altos de obesidad infantil, que tiene como fundamento principal la mala alimentación, el consumo de bebidas azucaradas y de ultraprocesados”, observó. Por otra parte, explicó que en Chile una norma similar permitió medir resultados y quedó demostrada la disminución del consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos (azúcares, sodio y grasas) y, consecuentemente, una mejora en la salud de la población. “Argentina estaba en un momento donde la norma empezaba a mostrar su evidencia”, aseguró Austin. Por todo esto, la radical consideró que “el cambio que lleva adelante el Gobierno implica un retroceso claro en una política de salud, de promoción de la alimentación saludable, y también, si hablamos de costos, un cambio en la industria alimentaria que la obliga a reformular todos sus productos”. “El esfuerzo que se hizo para tratar de construir información nutricional clara y que permita a las familias decidir, era un paso en la dirección correcta. La derogación de la ley es un retroceso que no va a contribuir en ninguna dirección”, concluyó la legisladora provincial. Los votos que tuvo la ley La ley fue sancionada por más de dos tercios en ambas cámaras, en un gesto político que se sobrepuso al lobby empresario. En el Senado, se aprobó el 29 de octubre de 2020 con 64 votos a favor y 3 en contra, mientras que casi un año después, el 26 de octubre de 2021, obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. El grueso de apoyos a la ley provino del partido gobernante en aquel entonces, el Frente de Todos, pero también aportaron votos positivos la UCR y bloques provinciales (entre ellos, el del “cordobesismo”). El PRO (que ahora tiene su propio proyecto de derogación, liderado por la economista macrista Daiana Fernández Molero) se dividió en aquel entonces entre votos a favor y en contra. Desde Córdoba, votaron a favor los peronistas cordobeses Alejandra Vigo (actual senadora), Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez; los radicales Mario Negri, Brenda Austin, Soledad Carrizo, Diego Mestre y Víctor Hugo Romero; los kirchneristas Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández; Gabriel Frizza del PRO; y Leonor Martínez Villada de la Coalición Cívica. Gutiérrez y Estévez siguen siendo diputados en la actualidad. En cambio, se opusieron Soher El Sukaria y Adriana Ruarte, del PRO. Héctor Baldassi, del mismo bloque, se abstuvo, mientras que el actual senador Luis Juez estuvo ausente, lo que abre una incógnita sobre la postura que adoptará ahora. En el Senado, los tres votos cordobeses fueron favorables: el peronista Carlos Caserio, el juecista Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado, del PRO. Esta última hoy se transformó en una de las figuras de La Libertad Avanza en Diputados, ¿volverá sobre sus pasos? El gobierno de Javier Milei va por la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que obligó a la industria alimenticia a colocar octógonos negros en el packaging de aquellos productos con exceso de nutrientes críticos para la salud. Con argumentos alineados a los del sector empresario, el oficialismo quiere dar marcha atrás con una norma que fue sancionada por amplias mayorías en el Congreso.