La declaración del exfutbolista Hugo Morales aportó nuevos datos a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrada en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. El testimonio, realizado de manera virtual ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, se suma a una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir el origen de los fondos y la estructura financiera de las operaciones inmobiliarias del funcionario. Morales, quien fue el primer propietario del inmueble ubicado en la calle Miró al 500, afirmó que llevaba tiempo intentando vender la propiedad sin éxito debido a su estado. Según declaró, su intención inicial era obtener 250.000 dólares, pero el deterioro del departamento dificultaba concretar la operación. En ese contexto, tras aproximadamente dos años sin ofertas concretas, recibió una propuesta por 200.000 dólares que finalmente aceptó. De acuerdo con su relato, la oferta fue presentada por “dos chicos”, a quienes no identificó con mayor precisión. El exjugador explicó que los vio nuevamente el día de la escritura, ocasión en la que también estaban presentes dos mujeres que posteriormente figurarían como acreedoras del crédito hipotecario utilizado por Adorni para adquirir la propiedad. Morales indicó que la operación se realizó a través de una inmobiliaria de Mataderos, identificada como “Rucci”, y que recibió el dinero en efectivo. El testigo, que en las décadas del 90 y del 2000 jugó en Huracán, Lanús e Independiente, aportó además chats, audios y capturas de pantalla vinculados a la transacción, así como datos sobre la intermediación inmobiliaria. No obstante, no pudo explicar cuál era la relación entre los dos jóvenes que acercaron la oferta y las dos mujeres que intervinieron como prestamistas, ni por qué estaban presentes en la firma de la escritura. La compra del departamento, concretada en noviembre de 2025, se encuentra bajo análisis judicial por la forma en que fue financiada. Según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni y su esposa adquirieron la vivienda por 230.000 dólares. Para completar la operación, recurrieron a un crédito hipotecario privado de 200.000 dólares, equivalente a cerca del 87% del valor del inmueble. Las acreedoras de ese préstamo fueron Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, quien figura en registros públicos como empleada de una editorial. Ambas aportaron partes iguales del crédito. Este esquema, en el que las vendedoras también actúan como prestamistas, es uno de los aspectos que motivaron las dudas iniciales y derivaron en la intervención judicial. En paralelo, la fiscalía detectó la existencia de otra hipoteca privada vinculada al funcionario. En este caso, el préstamo habría sido otorgado por Graciela Isabel Molina, por 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio, por 15.000 dólares. Ambas aparecen como acreedoras en documentos incorporados al expediente. Estas deudas fueron declaradas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción, aunque sin precisiones sobre las condiciones en que se constituyeron. La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en estas operaciones, fue citada a declarar como testigo para brindar detalles sobre las transacciones, incluyendo no solo la compra del departamento de Caballito, sino también otras adquisiciones. La investigación se originó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló un presunto incremento patrimonial desproporcionado. A partir de allí, el fiscal Pollicita impulsó diversas medidas para analizar movimientos financieros, bienes registrables y viajes al exterior del funcionario y su entorno. Entre otras diligencias, se solicitó al Registro de la Propiedad el historial completo de los inmuebles vinculados a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, incluyendo transferencias, hipotecas y antecedentes registrales. También se requirió información sobre expensas, cuentas intervinientes y eventuales mejoras en las propiedades. El expediente también abarca otros bienes, como un departamento en Parque Chacabuco —actualmente en venta y aún a nombre del matrimonio— y una casa en el country Indio Cuá, adquirida en 2025 y registrada a nombre de su esposa.