El calendario marca una fecha sombría para la sociedad dominicana. Este sábado 6 de junio se cumplen cuatro años desde aquel fatídico lunes en el que las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se convirtieron en el escenario de una tragedia inconcebible. Orlando Jorge Mera, un hombre conocido por su temperamento conciliador y su estricto apego a la ley, cayó abatido en su propio despacho.

Lo impensable no fue solo el crimen en un recinto estatal, sino la mano que apretó el gatillo: Fausto Miguel Cruz de la Mota, alias “Carandai”, un amigo de la infancia, alguien que compartía con la víctima décadas de vivencias y una confianza que terminó de la manera más cruel. PUBLICIDAD Aquella mañana, el Palacio de Medio Ambiente operaba con la rutina burocrática de siempre hasta que los disparos rompieron la calma. La investigación posterior demostró que no hubo arrebato, sino una fría planificación. “Carandai” acudió a la institución con una agenda clara y un arma oculta.

El motivo detrás del magnicidio causó indignación nacional: la negativa del ministro a ceder ante el tráfico de influencias. Jorge Mera se había opuesto firmemente a otorgar permisos ilícitos para la exportación de 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A., debido a que la compañía no cumplía con los requisitos ambientales exigidos por la ley dominicana. Cumplir con su deber le costó la vida.

PUBLICIDAD Tras descargar el arma contra su amigo, el asesino sumó un capítulo inverosímil a la tragedia: huyó del lugar y se refugió en una iglesia para confesarse con un sacerdote, a quien le entregó la pistola utilizada en el crimen. Pocos momentos después de ese intento de redención religiosa, las fuerzas del orden lo capturaron. Un legado que vive en la memoria familiar y social El camino hacia la justicia civil tuvo su punto culminante el 27 de abril de 2023.

En esa fecha, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictó una sentencia ejemplar al condenar a Fausto Miguel Cruz de la Mota a la pena máxima de 30 años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en San Cristóbal. PUBLICIDAD Asimismo, se le impuso el pago de una indemnización de 50 millones de pesos dominicanos ($858,369 USD), a la familia del funcionario asesinado. El juicio desveló una trama minuciosa apoyada en pruebas contundentes, incluyendo las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución que captaron los momentos clave del hecho.

Durante las audiencias preliminares y finales, el tribunal escuchó decenas de declaraciones fundamentales. Un bloque de 10 testigos de cargo abrió el camino para el Ministerio Público, figurando entre ellos Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo de la víctima; el general de brigada Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, jefe del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa); y Juan Manuel Cuvo Desangles, excoordinador del ministerio. PUBLICIDAD Más allá de los códigos penales y las frías celdas de Najayo, el aniversario de este sábado traslada el foco de la crónica judicial al plano humano.

A cuatro años de la dolorosa ausencia, el dolor sigue latente, pero se transforma en memoria viva. Su hijo, el exdiputado Orlando Jorge Villegas, utilizó sus redes sociales para rendir un emotivo tributo a quien fuera su guía, dejando en evidencia que el vacío físico no ha logrado apagar el peso de su ejemplo. A cuatro años del crimen, la figura de Orlando Jorge Mera se consolida en el imaginario colectivo no solo como la víctima de una traición sin nombre, sino como el funcionario que recordó con el sacrificio de su vida el verdadero costo de la integridad.

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