Como un bucle karmático sin fin, la sociedad argentina vuelve a ser testigo de fundadas sospechas sobre manejos irregulares en el poder. No es la primera vez ni el único punto geográfico del globo donde se exhiben este tipo de prácticas, pero aquí llama la atención su recurrencia horizontal y extendida a otros sectores. Porque si bien esta lógica incluye, pero excede a los sucesivos gobiernos que supimos conseguir, de dictatoriales a democráticos, se desparrama dentro y fuera del Estado con una naturalidad y continuidad llamativas.

Con perdón de la generalización, esto se detecta en las tres jurisdicciones estatales (nacional, provincial y municipal), en sus tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en amplias áreas dependientes de los Estados, como las fuerzas de seguridad o los aparatos de inteligencia. Casi nadie está exento de las manchas. Empresas públicas o privadas (nacionales y extranjeras), sindicatos, movimientos sociales y ong se han involucrado en trapicheos más o menos resonantes.

Muchos medios de comunicación y periodistas hacen su aporte al sistema. La grieta política contribuye a mezclar todo, para buscar invalidarlo. Del “qué van a denunciar ustedes, si se afanaron un PBI”, a “se robaron el préstamo del FMI”.

La clásica receta de que la mejor manera de esconder un elefante en un bazar es llenar el local de elefantes. O denuncias. La tolerancia social a la “corrupción estructural” se monta no solamente a que parece inevitable.

Deben sumarse conveniencias económicas o la justificada desesperación por cortar con el declive argentino, apalancadas en “veranitos” que se terminaron pagando con duros ajustes. Lo curioso, o no tanto, es que esa permisividad obturó mecanismos de control, sobre todo cuando fue avalada por respaldos electorales. Las reelecciones de Carlos Menem y del kirchnerismo pueden funcionar como dos botones de muestra de ese tipo de procesos.

Más allá de los enemigos que se ganó y de ciertas arbitrariedades judiciales, la condena a prisión y la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos sobre Cristina Fernández de Kirchner rompe con un código tácito: quien alguna vez ejerció la Presidencia está libre de sanciones penales. Javier Milei debería tomar nota de esa y otras rupturas. Porque las primaveras sociales en las que son pasados por alto los abusos administrativos de los gobiernos (por ser diplomático en el concepto) se terminan cuando el bolsillo aprieta.

En el momento que la angustia –y el enojo– le ganan a la expectativa. El Presidente, como todos sus antecesores, se creía por encima de ese filtro. Pese a los antecedentes mencionados, tenía en qué respaldarse: la victoria legislativa de medio término de hace cinco meses ignoró los escándalos ya desatados por entonces de la criptoestafa $Libra y las coimas en Discapacidad.

Tras ese triunfo y una luna de miel legislativa, que le posibilitó alzarse velozmente con una reforma laboral a precios módicos (políticos, se aclara), el Gobierno volvió a ingresar en zona de turbulencias en los últimos días. Las filtraciones del peritaje al celular de Mauricio Novelli, promotor del token publicitado por Milei, de quien era muy cercano, desató una renovada tormenta puertas adentro de la Casa Rosada. Amén de las demoras judiciales para la investigación del caso, trascendieron múltiples contactos entre Novelli, Milei, la hermanísima Karina y el asesor Santiago Caputo poco antes y poco después del lanzamiento de $Libra.

Incluso aparece un borrador de contrato para el cobro de US$ 5 millones. La difusión obligó al flamante ministro de Justicia, Juan Mahiques, de la familia judicial, a apuntar contra las pericias y las supuestas nulidades que dispararían. Un mensaje en varias direcciones: esclarece para qué asumió el cargo y cuál será la estrategia oficial para invalidar el caso.

Alguien que habita un despacho en Balcarce 50 fue más allá, al sostener en voz baja que si no resultan estas opciones habrá que explicar que el Presidente no se quedó con dineros públicos, al tratarse de un negocio privado. Ajá. Resultaría extravagante que ese mismo razonamiento sea aplicado por Manuel Adorni.

Al aún jefe de Gabinete le brotan anomalías en el manejo de sus recursos con la dinámica de un volcán en erupción. Después de subir a su esposa al avión presidencial para que lo acompañe a deslomarse en Nueva York, se ventiló el costoso vuelo privado con el que la familia Adorni viajó a Punta del Este durante el feriado de carnaval, junto a un periodista amigo cuya productora tiene espacios en la TV Pública. Las facturas del avión vip están a nombre de esa empresa y de un piloto, que reveló que se las pagó el amigo de Adorni, quien antes había dicho que el jefe de Gabinete había abonado sus pasajes.

La influencia de la pareja del funcionario, Bettina Angeletti, adopta el formato tradicional de este tipo de maniobras. Desde amigas de ella nombradas por su marido en el Estado hasta contratos de su empresa de coaching con dependencias públicas, pasando por el uso de autos oficiales y la compra de una vivienda en un distinguido barrio privado en Exaltación de la Cruz. Todo sin declarar, como corresponde en estos casos.

Cuando saltaron ambos episodios de los aviones (el oficial y el privado), el principal sostén político de Adorni, la hermanísima Karina, le consultó si podían aparecer más anomalías. Le juró que no. La realidad muestra que el volcán continúa escupiendo lava (habrá más), por lo que fuentes cercanas a la secretaria General de la Presidencia consultadas para esta columna aseguraron que es “insostenible” la permanencia de Adorni y su salida, inminente, pese a la resistencia de la hermandad presidencial a sacrificar uno de sus principales alfiles.

El final anunciado de Adorni obedece a su propia responsabilidad, está claro. Su derrape encima luce más resonante por un modo de comunicación altanera y prepotente, que le ha valido pacientes enemigos. Dentro y fuera del Gobierno.

Allí se entrelazan las intrigas internas que se mantienen en la administración mileísta y que vuelven a aflorar en esta crisis. El karinismo multiplica su desconfianza hacia el asesor Caputo, al que creen limitado en su influencia ejecutiva, pero con gran poder de daño. ¿Esa será su salvación o su condena?

Él niega todo, como debe ser. Estos pesares oficialistas florecen sobre un campo social minado, en especial en los grandes centros urbanos. El aumento de la desocupación registrada por el Indec en el último trimestre 2025 proyecta empeorar en los primeros tres meses de este año.

Crece la macro, pero se siguen perdiendo puestos de trabajo, ya que los sectores que impulsan el crecimiento ocupan menos mano de obra. Los sectores más dinámicos para el empleo (construcción, comercio e industria) se mantienen fríos. La profundización de este escenario acaso explique por qué puede impactar distinto ahora que antes en la agenda las sospechas de corrupción.

Se pone en juego no ya el inverosímil discurso moral libertario, sino la supervivencia de Milei.