“Me cambió la vida de la noche a la mañana”. La frase, tan repetida en tragedias, toma otro peso cuando la pronuncia una de las vecinas más afectadas por el derrumbe del estacionamiento en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. Su historia condensa el impacto humano detrás de un caso que involucra a más de 300 familias, pero también expone un escenario de desamparo que va más allá de lo estructural.

Andrea Natalia Remy tiene 38 años, vive con una cardiopatía congénita desde el nacimiento. Es oxígeno dependiente y electrodependiente. Su rutina, antes del derrumbe, estaba estrictamente organizada en función de su salud.

Había logrado, incluso, un avance clave: su obra social le había aprobado una internación domiciliaria para iniciar un tratamiento complejo. Todo eso quedó interrumpido en cuestión de horas. “Me fui a dormir con expectativas porque ese martes venía la enfermera a colocar unas inyecciones por 20 días. Y no.

Todo se cortó”, relata en diálogo con TN. El impacto no fue solo médico. También fue material y laboral.

Días antes del colapso, su auto —aún en proceso de pago— había sufrido daños por filtraciones en la cochera. “Había llegado a un acuerdo con la constructora para que me reintegren parte del arreglo, pero después del derrumbe dieron de baja todo”, cuenta. Desde entonces, su vida quedó suspendida en múltiples frentes. “Yo trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad y había conseguido hacer teletrabajo por mi discapacidad. Pero hoy no tengo un lugar estable donde estar, y psicológicamente no estoy bien”, explica.

La situación se agravó aún más cuando, tras el derrumbe, sufrió una descompensación cardíaca que derivó en una internación de siete días, incluyendo terapia intensiva. Para ella, siempre, el cuadro más delicado es el de su salud. “Tengo menos oxígeno en sangre que el resto de la gente. Mis órganos se fueron desgastando más rápido con el paso del tiempo.

Hoy lo que se podría hacer es un triple trasplante: bipulmonar, cardíaco y renal. Pero es muy difícil”, describe. En ese contexto, el tiempo adquiere otra dimensión. “En algún momento me hablaron de mi expectativa de vida.

Yo la vengo peleando, pero estoy cerca de los 40 y ya escuché ese número. La Justicia tarda mucho. Yo no sé si cuento con todo ese tiempo”, dice, con crudeza.

El derrumbe no solo interrumpió su tratamiento, sino que también la dejó sin las condiciones básicas para sostenerlo. Sus equipos médicos —fundamentales para su vida diaria— quedaron en el departamento, al que hoy apenas puede acceder bajo condiciones extremas. “Vivo en un octavo piso. La única vez que pude subir fue con cinco bomberos.

No puedo ni imaginar lo que sería sacar muebles o mis máquinas”, explica. Mientras tanto, la respuesta estatal, según denuncia, es prácticamente inexistente. “No recibí ningún tipo de asistencia. Una persona de una empresa privada me está ayudando con los tubos de oxígeno.

Mi obra social hizo lo que pudo, pero todo es muy burocrático”, afirma. La falta de previsibilidad agrava el cuadro. “No hay una medida clara. El juez no clausura definitivamente los edificios y eso impide que se active algún subsidio o que alguien se haga cargo de los alojamientos”, señala.

En su caso, además, el hotel no es una solución viable: “Estoy inmunosuprimida. Hay mucho recambio de gente, gente engripada. Es un riesgo constante”.

Esa incertidumbre la llevó a una situación límite. “Ayer me vine a Junín porque no sabía si iba a poder seguir en el hotel. No podía estar en la calle con mis tubos de oxígeno”, cuenta. Pero su tratamiento la obliga a regresar a Buenos Aires cada 48 horas para controles médicos. “Lo que necesito es estabilidad, previsibilidad.

Poder tener una rutina mínima. En mi caso, eso está directamente vinculado con mi salud: poder acordarme de tomar la medicación, poder ir a los turnos, poder vivir”, resume. Hoy, su principal búsqueda es un alquiler. “Estoy saliendo en redes a pedir ayuda.

No tengo garantías. Lo único que puedo ofrecer es mi trabajo”, dice. Y agrega: “No sé si alquilar algo temporario o permanente.

Tampoco sé si voy a poder sacar mis cosas del departamento. Pero necesito un lugar”. Más allá de su caso personal, también describe un escenario colectivo crítico. “Hay chicos llorando en los hoteles, pidiendo sus peluches.

Gente grande que dice que se quiere matar. Y no hay asistencia psicológica, no hay acompañamiento”, advierte. Su reclamo apunta a múltiples personas. “Son todos responsables: la constructora, el Banco Hipotecario, el Estado nacional y el de la Ciudad”, enumera.

Y denuncia que hubo advertencias previas: “Durante cuatro años hicimos reclamos por filtraciones, por los ascensores, por problemas estructurales. Nunca tuvimos respuestas”. Pero más allá de lo legal, su pedido es urgente y concreto: “Yo no tengo el tiempo que tienen los expedientes.

Necesito una solución ahora”. La tragedia de Parque Patricios dejó al descubierto fallas estructurales en un megaproyecto habitacional. Pero también, como en este caso, expuso una fragilidad aún más profunda: la de quienes, además de perder su hogar, hoy luchan contra el reloj para seguir vivos.