Las ayudas económicas contempladas para los damnificados por los accidentes ferroviarios recientes presentan cuantías variables, que se asignan según la gravedad de los daños sufridos, estableciéndose entre 2.404 y 84.141 euros por afectado. Esta medida figura entre los cuatro decretos leyes del Gobierno que este jueves serán objeto de votación en el Pleno del Congreso, donde se decidirá su convalidación o derogación definitiva, informó el medio El País. Según este medio, estos decretos leyes, aunque ya están operativos desde que fueron aprobados por el Consejo de Ministros, requieren la validación parlamentaria en un plazo de treinta días. Entre los textos a debate figuran el destinado a respaldar económicamente a las víctimas de los siniestros de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona); la prórroga del llamado escudo social, que incluye la moratoria contra los desalojos; la revalorización de las pensiones; y la imposición de límites a los precios de productos y servicios en escenarios de emergencia. El texto elaborado para responder a emergencias, como los accidentes ferroviarios de enero o los temporales en Andalucía, habilita al Ejecutivo para fijar precios máximos en servicios o bienes de primera necesidad. Según publicó El País, esto supone que, en caso de declararse una situación de emergencia, los precios de ciertos productos y servicios no podrán superar el máximo registrado durante los treinta días previos al inicio de dicha situación. Así, se pretende evitar subidas abusivas motivadas por la coyuntura excepcional. En lo referente a la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social, el Congreso tendrá que determinar si divide estas medidas tras el rechazo experimentado en una reciente votación en la que ambas propuestas aparecían unificadas en un mismo decreto ley. De acuerdo con la cobertura de El País, el texto conjunto fue rechazado por los votos de PP, Vox, Junts y UPN, cuyos representantes expresaron su apoyo al incremento de las pensiones, pero rechazaron prorrogar la moratoria sobre desalojos y la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables. Ante este escenario, el Gobierno optó por separar las medidas en dos decretos distintos. Además, se introdujo una enmienda solicitada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el decreto relativo al escudo social, eximiendo de la prohibición de desahucios a los propietarios que disponen únicamente de una vivienda alquilada. Esta modificación pretende atender algunas de las preocupaciones expresadas por los partidos que se opusieron previamente con el fin de buscar un mayor consenso. No obstante, El País detalló que los partidos PP, Vox y Junts han sostenido su oposición al decreto, argumentando que mantienen sus objeciones pese a la exclusión de los pequeños propietarios de la moratoria antidesahucios. Las formaciones han señalado discrepancias sobre la aplicación y el alcance de estas políticas de emergencia social y su impacto sobre los derechos de los propietarios y la sostenibilidad de las ayudas. En cuanto a la ayuda económica para las víctimas de los accidentes ferroviarios, la prestación contempla el pago de indemnizaciones diferenciadas en función de la gravedad, con importes mínimos de 2.404 euros y máximos de 84.141 euros. El País indicó que este paquete pretende compensar tanto la pérdida de vidas como los daños personales y materiales, cubriendo distintos niveles de afectación entre las personas perjudicadas en Adamuz y Gelida. Acerca del límite de precios en situaciones de emergencia, la iniciativa gubernamental persigue que, ante fenómenos como los temporales o accidentes de relevancia, los precios de bienes y servicios esenciales no puedan incrementarse respecto del valor máximo que tenían en el mes previo a la declaración de emergencia, especificó El País. De este modo, se busca garantizar el acceso a recursos básicos y evitar abusos en contextos de especial vulnerabilidad colectiva. El proceso parlamentario para la convalidación de estos cuatro decretos representa un test sobre la capacidad del Gobierno para articular mayorías en torno a medidas de protección social y respuesta a emergencias, subrayó El País. Además, pone de manifiesto las discrepancias existentes en la Cámara sobre las estrategias para gestionar las consecuencias de catástrofes y el alcance de la protección a los sectores más expuestos de la sociedad.