El círculo rojo de la familia Kirchner volvió a reunirse. Un ex gobernador, el apoderado de Cristina Kirchner, su ex socio comercial, el ex contador y custodio de la fortuna de los ex presidentes, el otro empresario amigo, la sobrina, todos son parte de lo que la justicia denominó una “organización criminal” para blanquear activos. Por primera vez en muchos años, quienes cumplían diversos roles para llevar adelante el “plan delictivo”, se encontraron nuevamente en el marco del juicio Hotesur-Los Sauces.

La virtualidad de esta primera etapa los eximió del encuentro presencial. Desde que quedó detenido en 2017 (luego recuperó su libertad y está radicado en Río Gallegos) el contador Víctor Manzanares no volvió a hablar con Cristina y Máximo Kirchner. Lázaro Báez rompió todo tipo de relación con sus socios comerciales en abril de 2016.

Carlos Sancho y Osvaldo Sanfelice dejaron de ser socios del diputado nacional, pero la relación continuó. Cristóbal López y Fabián de Sousa, los inquilinos que garantizaron el 66% de la facturación a Los Sauces SA, nunca se alejaron totalmente de la familia Kirchner. En una misma sala virtual, todos se reencontraron este viernes en el inicio del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces, a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti.

Son parte, dice la acusación leída, de una misma “organización criminal”. Durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio -una descripción de la maniobra investigada, el papel que cada imputado desempeñó y los delitos atribuidos- el juicio mantendrá la modalidad telemática, algo que el presidente del TOF 5, José Michilini, dijo que era “excepcional”. Al iniciar las indagatorias, la presencialidad será plena.

La causa Los Sauces investigó el funcionamiento de una estructura destinada a “reciclar fondos derivados de la corrupción estatal a través de la actividad inmobiliaria de la familia Kirchner”. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, se corroboró la existencia de una “asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades” entre los ex Presidentes, Máximo Kirchner y los demás acusados señalados como personas de “estrecha confianza de los Kirchner”. La fiscalía acreditó que los planes criminales no se agotaron en el direccionamiento de contratos y prebendas a empresarios allegados, sino que continuaron en una segunda etapa mediante un mecanismo diseñado para “transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar”.

Como engranaje en esta etapa, se ubican los “empresarios amigos”. Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa -con diversos negocios con el Estado nacional- firmaron contratos de alquiler que la fiscalía calificó de simulados e innecesarios para los negocios de los inquilinos. Los Sauces facturó casi 26 millones de pesos entre 2009 y 2016, concentrando el 88% de sus ingresos exclusivamente en las compañías del Grupo Austral del Grupo Indalo.

Para la acusación, estos pagos mensuales de los empresarios no respondieron a necesidades comerciales reales, sino que operaron como la justificación jurídica ficticia para blanquear los fondos derivados de la defraudación vial en el caso de Báez y para disimular la entrega continuada de dádivas en el caso de López y su socio Fabián De Sousa. La hija de Alicia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado, cumplió un rol operativo clave dentro del engranaje familiar: está imputada como miembro de la asociación ilícita y coautora de las maniobras de lavado de dinero. Según la acusación judicial, la abogada asumió la presidencia formal de Los Sauces el 18 de marzo de 2015 en reemplazo de su primo Máximo Kirchner.

Desde esa posición, y escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidenta, tuvo a su cargo la conducción ejecutiva, la representación legal frente a terceros y la administración directa de los fondos que inyectaban las empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Bajo su gestión, Mercado fue la responsable de instrumentar la adquisición del departamento de calle San José 1111 (piso 2º «D») en la ciudad de Buenos Aires. Para concretar la operación, aceptó en nombre de la sociedad 4 millones de pesos en aportes irrevocables provenientes de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, y tramitó la compra por 370.000 dólares mediante la cesión de cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES).

La acusación remarcó que la propiedad fue entregada de inmediato para el uso residencial exclusivo de Florencia Kirchner sin cobrarle alquiler ni registrar tratamiento previo en las actas de directorio, a lo que se sumó la convalidación de los ejercicios económicos de 2014 y 2015, la autorización de retiros de fondos sin los recaudos de la Ley de Sociedades Comerciales y la contratación formal de su prima como supuesta empleada de la inmobiliaria. Hoy, la ex Presidenta cumple allí el arresto domiciliario. El dictamen judicial destacó además una particularidad que expone la matriz delictiva: Mercado operó simultáneamente a ambos lados del mostrador.

Mientras ejercía la presidencia de Los Sauces y mantenía las locaciones vigentes con Austral Construcciones, Kank y Costilla, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A, figuraba al mismo tiempo como empleada en relación de dependencia de Inversora M&S, de Cristóbal López. Dos hombres de extrema confianza de la familia Kirchner también desarrollaron un papel clave. Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho, apuntados como operadores y gestores centrales para “montar, ejecutar y sostener la estructura de blanqueo de fondos de la familia presidencial”.

Fue el “Bochi” Sanfelice quien desempeñó un papel gerencial estratégico: mediante un poder general bancario de Néstor y Cristina Kirchner y un poder especial de Los Sauces S.A., intervino en la compra de inmuebles clave (como el saldo del dúplex en Madero Center), administró propiedades y firmó contratos de locación. Sanfelice también actuó simultáneamente a ambos lados del circuito, ya que cobraba y depositaba los cheques librados a favor de Los Sauces mientras figuraba en relación de dependencia en Álcalis de la Patagonia (del Grupo Indalo), garantizando la admisión encubierta de los fondos espurios. El ex gobernador de Santa Cruz y ex socio de Máximo Kirchner, Carlos Sancho, aportó la estructura operativa local para “viabilizar el cobro y manejo de las rentas".

Sancho no solo facilitó la firma Idea S.A. a Sanfelice tras mantenerla constituida e inactiva desde 2011 para concretar el reemplazo hotelero de Báez, sino que se encargó de administrar y percibir los alquileres de los departamentos construidos por Lázaro Báez en Mariano Moreno 882 y Alvear 391 en Río Gallegos. Esa tarea la articuló desde la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho y Asociados (Negocios Inmobiliarios S.A.)”, que integraba junto a Máximo Kirchner y el propio Sanfelice, consolidando la gestión privada de los bienes y actuando con amplios poderes de disposición para administrar los alquileres del condominio familiar y de la sucesión de Néstor Kirchner. Finalmente, al ex contador de la familia Kirchner también se le leyeron las acusaciones que pesan sobre él exponiendo la cercanía con los ex Presidentes y su conocimiento de las operaciones ilegales realizadas.

Víctor Manzanares está imputado como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos. Como persona de extrema confianza de Néstor y Cristina Kirchner, Manzanares “aportó los conocimientos técnicos y contables indispensables para diseñar, estructurar y mantener operativo el andamiaje societario sobre el cual se montó el reciclaje de fondos de origen espurio”. Su tarea comprendió la confección de los libros contables, los balances y los ejercicios económicos de Los Sauces S.A., además de llevar las finanzas personales de los mandatarios y de la firma Hotesur S.A., coordinando de manera unificada los números del holding familiar.

Manzanares también intervino directamente en la logística y registración de las maniobras de incorporación de bienes. El dictamen remarcó que facilitó su propio estudio profesional para que figurara formalmente como la sede social y el domicilio fiscal de Los Sauces. Desde ese rol, certificó las operaciones contables previas y la transferencia de inmuebles estratégicos al patrimonio societario.

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