En esta noticia La crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez sumó este miércoles un nuevo capítulo tras las novedades judiciales vinculadas al denominado “caso Leire”. Mientras crece la presión sobre el PSOE por los registros en la sede de Ferraz y la investigación sobre presuntos pagos irregulares, los socios parlamentarios del Ejecutivo descartaron apoyar una moción de censura, aunque reclamaron explicaciones inmediatas y no descartan un adelanto electoral. El escenario se tensó después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaran documentación en la sede central del PSOE relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez.

A eso se sumó la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, una situación que encendió alarmas entre los aliados parlamentarios del Gobierno. Desde Sumar hasta partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya y Partido Nacionalista Vasco, las distintas fuerzas coincidieron en marcar distancia con cualquier intento de derribar al Ejecutivo mediante una moción de censura. Sin embargo, también dejaron claro que la continuidad del Gobierno depende de las explicaciones que pueda ofrecer el PSOE en los próximos días.

¿Quiénes son los principales investigados en el caso Leire? La figura central del expediente es Leire Díez, exmilitante socialista que abandonó el PSOE después de la difusión de audios en los que pedía información comprometedora sobre miembros de la UCO. Según el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, formaba parte de una estructura coordinada para interferir en investigaciones judiciales sensibles para el oficialismo.

Otro de los nombres clave es Santos Cerdán, antiguo número tres del PSOE y actualmente investigado también en el caso Koldo. El auto judicial sostiene que la presunta organización habría mantenido al menos 22 encuentros en la sede socialista de Ferraz y que Cerdán se reunió en reiteradas ocasiones con Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. La causa además involucra al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, condenado anteriormente en el caso ERE, aunque luego beneficiado por una revisión del Tribunal Constitucional.

Según la investigación, una sociedad vinculada a Zarrías habría servido para canalizar pagos del PSOE hacia Díez. Entre los investigados también aparece el abogado Ismael Oliver, señalado como uno de los intermediarios utilizados para transferir fondos a la exmilitante socialista mediante distintas sociedades. El juez también menciona a Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán en el caso Koldo, a quien relaciona con presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho.

¿Qué impacto político tiene el avance de la investigación? Uno de los puntos en común entre los aliados de Sánchez es que consideran “grave y preocupante” la situación judicial que rodea al PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sostuvo que la línea roja sería la aparición de pruebas vinculadas a una posible financiación ilegal del partido.

En ese caso, afirmó que pedirían elecciones anticipadas para que “la gente decida”. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reclamó que tanto Sánchez como el presidente catalán Salvador Illa comparezcan públicamente para aclarar las investigaciones. Además, insistió en que por ahora no existe ninguna moción de censura en marcha y recordó que “quien tiene el botón de las elecciones es Sánchez”.

Desde Coalición Canaria y el PNV también aumentó la presión para que el presidente evalúe una cuestión de confianza o adelante las elecciones generales. Mientras tanto, la líder de Podemos, Ione Belarra, calificó la situación como “absolutamente insostenible”, aunque rechazó facilitar una alternativa encabezada por el Partido Popular. Por su parte, el Partido Popular tampoco tiene previsto impulsar una moción de censura en el corto plazo.

Fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo aseguran que la estrategia actual consiste en esperar el desgaste político del PSOE mientras continúan avanzando las investigaciones judiciales. La investigación también alcanzó a Ana María Fuentes, actual gerente del partido, sobre quien el juez aprecia indicios de participación en presuntas irregularidades contables relacionadas con facturas consideradas “mendaces”. Pese a ello, Sánchez defendió públicamente su gestión y aseguró que las cuentas del PSOE se llevaron “de manera escrupulosa”.

En paralelo, otro episodio agravó la polémica. La abogada Leticia de la Hoz negó haber ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para modificar su declaración judicial. Pano había asegurado ante la Justicia que trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede central del PSOE.

Según el auto de Pedraz, la supuesta oferta económica buscaba condicionar el testimonio de la testigo antes de una nueva comparecencia. Sin embargo, De la Hoz calificó la acusación como “completamente falsa e infundada” y anunció que colaborará con la Justicia para esclarecer los hechos.