El domingo 27 de abril, la conductora Luciana Geuna abrió su programa ¿Y ahora qué? por TN con un editorial que desarmó punto por punto la acusación oficial de "espionaje ilegal". La Casa Militar había radicado una denuncia penal contra Geuna e Ignacio Salerno por un informe emitido semanas antes, en el que se mostraban imágenes de los pasillos de uso común de la Casa Rosada. Como consecuencia, el gobierno de Javier Milei tomó una medida sin precedentes: el jueves 23 de abril cerró la sala de prensa y retiró las acreditaciones de todos los periodistas que cubrían el edificio.

Por primera vez en la historia argentina la Casa Rosada quedó vedada para los medios. El permiso que el Gobierno ignoró La primera refutación de Geuna apuntó al corazón del relato oficial. La conductora explicó que el informe había sido idea suya: quería que Salerno, de 23 años y con dos años de acreditación en la Rosada, contara la interna política del gobierno de manera más visual, "relatándola desde los pasillos de uso común".

La descripción que hizo del proyecto fue elocuente: "Era un informe bastante inocente". Pero el dato central es otro. "Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos", afirmó Geuna. Esa declaración, si es exacta —y el Gobierno no la desmintió públicamente—, vacía de sustento legal la calificación de "grabación clandestina".

No puede haber clandestinidad donde hubo notificación previa a las propias autoridades del lugar. El segundo argumento de Geuna fue tan sencillo como contundente: las imágenes que su equipo registró corresponden a áreas accesibles en Google Street View y replicadas "por miles" en redes sociales, cuando visitantes o estudiantes recorren la Casa Rosada con sus celulares. "No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes", subrayó. Sin embargo, la acusación oficial fue en sentido opuesto.

La Casa Militar sostuvo ante la Justicia que el contenido vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso "datos estratégicos del Poder Ejecutivo", citando sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que debían mantenerse bajo reserva. La denuncia quedó en manos del juez Ariel Lijo en Comodoro Py, con cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y posibles delitos contra la seguridad nacional. La distancia entre lo que Geuna describió y lo que el Gobierno imputó es, cuanto menos, llamativa.