Mientras el Mercosur se bate a duelo por el reparto de cuotas para aprovechar la baja de aranceles que otorgó la Unión Europea, del otro lado del continente aguardan una fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para avanzar con la plena implementación del acuerdo. “El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es de vital importancia geopolítica y económica”, señaló Olof Gill, portavoz de Comercio de la Dirección General de Comunicación de la Comisión Europea, en diálogo con la prensa. “En un escenario global donde los flujos tradicionales están alterados y el acceso a mercados tradicionales es cada vez más complejo, este tratado consolida una alianza estratégica entre socios democráticos que comparten una misma visión sobre el comercio basado en normas y el multilateralismo”, añadió. La Comisión Europea prepara sus argumentos de defensa. El análisis de la trastienda revela que el bloque de naciones que votó en contra del acuerdo en el Consejo de la UE, integrado por Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, dista de ser homogéneo y responde a presiones internas temporales más que a un rechazo técnico de la letra del pacto.

Según analistas de comercio internacional el recurso se utilizó como una “estrategia de dilación”, sin embargo, la aplicación provisional está poniendo a prueba los beneficios tanto para los sectores exportadores europeos como los del Mercosur, lo que puede contribuir a desactivar resistencias. En el caso de la Argentina, el escepticismo inicial se fue morigerando con el uso completo de la cuota de miel junto con envíos de arroz, aceite, frutos secos, productos químicos y, se espera que complete cerca del 95% del cupo de carne. Última palabra En medio de estas tensiones, ante un dictamen desfavorable del TJUE, fuentes de la Comisión Europea explicaron que descartan un escenario de colapso del tratado. “Dependerá exclusivamente del alcance del fallo, pero la jurisprudencia demuestra que el Tribunal suele señalar detalles procedimentales o de fundamentación técnica”, explican.

En el caso que los magistrados determinaran, por ejemplo, que es necesario robustecer la base legal relativa al principio de precaución ambiental o ajustar precisiones en el texto del tramo comercial exclusivo (EU-only), la Comisión y el Consejo cuentan con los mecanismos institucionales para introducir enmiendas y subsanar las observaciones sin necesidad de reiniciar el proceso de negociación desde cero. Del mismo modo, las fuentes aclaran un principio fundamental del derecho comunitario que suele pasar desapercibido en el debate público: una eventual votación negativa en el plenario del Parlamento Europeo no conlleva una caducidad automática del acuerdo. La falta de ratificación no extingue lo actuado; obliga a las instituciones a reevaluar la propuesta, formular las modificaciones necesarias y volver a someter el texto a consideración de los Estados miembros.

Mientras tanto, la aplicación provisional cumplió su primer mes de vigencia, operando los primeros embarques bajo cuotas preferenciales y consolidando una realidad comercial que en Bruselas consideran cada día más difícil de revertir. “Confiamos en que, a medida que los beneficios económicos mutuos se vuelvan visibles en el corto plazo, se consolidarán los argumentos para la ratificación definitiva en el Parlamento Europeo”, señaló Gill. Entre el beneficio industrial y el costo político Si bien existen motivos comerciales que llevaron a cada gobierno a rechazar formalmente el acuerdo la decisión estuvo atravesada por intereses políticos intrínsecos. El caso de Francia es el de mayor trascendencia por las propias declaraciones del presidente Emmanuel Macron en relación al peso político del sector agropecuario.

Esto mismo quedó en evidencia cuando el presidente Macron esbozó opiniones favorables hacia el tratado tras su última visita oficial a Brasil y las críticas se hicieron mas fuertes. Una lógica similar opera en Polonia que enfrentó mayor presión de la posición tras las medidas de emergencia adoptadas por la UE para liberar el mercado agrícola con Ucrania, permitiendo el ingreso de bienes sin cuotas ni aranceles. En el caso de los rechazos de Austria e Irlanda la respuesta se condice con las dinámicas de gobernabilidad interna.

En Dublín, la ratificación del acuerdo amenazaba con abrir una fisura insalvable con partidos minoritarios independientes que sostienen la coalición de gobierno; ante el riesgo de una crisis política, las autoridades prefirieron el voto negativo sabiendo que el instrumento comercial se aprobaría igualmente por mayoría cualificada. En Viena, el Ejecutivo estuvo atado por un mandato legislativo vinculante aprobado por su parlamento hace cinco años, optando por mantener la disciplina institucional antes que reabrir un debate parlamentario de pronóstico reservado.