El clima político en Córdoba entró en una fase de confrontación. Después de que la oposición impulsara pedidos de enjuiciamiento contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez y reclamara la salida de Juan Pablo Quinteros del Ministerio de Seguridad por el caso Agostina Vega, el PJ provincial decidió pasar al ataque y mover el eje de la discusión hacia el Tribunal de Cuentas de la provincia. La maniobra oficialista, que ya circula en los pasillos legislativos como el “efecto Carasso”, busca herir a la UCR y al juecismo a partir de la investigación judicial que involucra al dirigente radical Marcos Carasso, cuya vivienda y oficina en el Tribunal de Cuentas fueron allanadas en una causa vinculada al PAMI.

Fueron semanas complejas para el peronismo gobernante. El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos aparecieron en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, generó un fuerte impacto político y mediático. La oposición —principalmente la UCR y el juecismo— descargó críticas por las derivaciones institucionales del caso y por los vínculos políticos que rodean al principal sospechoso, Claudio Barrelier, extrabajador municipal relacionado con el exconcejal peronista Ricardo Moreno y con sectores de las barrasbravas en la capital cordobesa.

Doble vara Frente a esa ofensiva, el oficialismo decidió reordenar el tablero. Desde la jefatura del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, encabezada por Facundo Torres, hasta legisladores aliados como Karina Bruno, el PJ comenzó a instalar la idea de que la oposición aplica una “doble vara” cuando los hechos comprometen a dirigentes propios. Torres acusó a los opositores de hacer “carancheo político” con el caso Agostina y cuestionó el silencio radical ante la situación de Carasso.

En declaraciones a Punto a Punto Radio, Bruno fue más allá: lo comparó con “el Adorni cordobés” y presentó un proyecto para pedir su apartamiento preventivo del Tribunal de Cuentas. El movimiento fue leído como un duro pase de factura directo a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes vienen encabezando las críticas contra el gobierno provincial de sus brazos parlamentarios tanto en la Unicameral provincial como en el Concejo Deliberante capitalino. No obstante, declaraciones de De Loredo a La Voz -al ser consultado por Carasso- cayeron mal en el juecismo. "Como es empleado de Luis Juez, tendrá que explicar las cosas (…) No voy a hacer una defensa histórica, mucho menos de dirigentes del radicalismo que son adversarios míos de toda la vida”, declaró.

Operación política En la antesala de la sesión legislativa de esta tarde, el jefe del bloque UCR Matías Gvozdenovich endureció el tono y acusó al peronismo de intentar desviar la atención. Fue en el marco de la recorrida que viene desplegando por los distintos comités radicales en las seccionales de la ciudad de Córdoba. Gvozdenovich se mostró anoche junto a sus pares de la UCR en un encuentro con vecinos y militantes en la seccional quinta de la capital cordobesa.

Lo acompañaron Miguel Nicolás, Alejandra Ferrero, Ariel Grich, Inés Contrera, Alfredo Nigro y el concejal Sergio Piguillem. “No están siendo semanas fáciles. El peronismo está acorralado por su propia impericia y eso hace que estén dispuestos a todo”, afirmó el socio político de De Loredo al advertir a la tropa: “Buscan embarrar la cancha”. “Estos días van a salir con todo a embarrar la cancha, a mentir, a carpetear a quien sea y para eso van a usar a la Justicia y a la prensa amiga. Lo van a hacer por una sola razón: están de salida y no saben más qué hacer para evitarlo”, fustigó en duros términos.

Por su parte, la deloredista Ferrero aprovechó el acto para reforzar el posicionamiento electoral de la UCR: “Los radicales estamos cansados de hacer política testimonial. Queremos ganar, gobernar y darle una vida mejor a los cordobeses”. Una sesión tensionada La tensión política tendrá este miércoles su escenario central en la Unicameral.

El bloque oficialista impulsa cuatro resoluciones y pedidos de informes dirigidos a la Justicia federal y al Tribunal de Cuentas para conocer el alcance de la investigación sobre Carasso y los detalles del allanamiento realizado en el organismo provincial. Si no hay cambios de último momento que surjan de la reunión de Labor Parlamentaria, el tema llegará al recinto en la sesión de esta tarde. La oposición estaría dispuesta a habilitar los dos tercios necesarios para tratar el asunto sobre tablas, aunque el oficialismo anticipa una respuesta política de alto voltaje.

Pero el debate no se limitará a Carasso. También figuran iniciativas opositoras vinculadas a los fiscales Garzón e Iván Rodríguez, que necesitan mayoría agravada para ser discutidas. En ese punto, la llave la tiene el PJ.

Con los ánimos caldeados, la sesión promete convertirse en un intercambio de acusaciones ante las derivaciones políticas del caso Agostina Vega y la situación de Carazzo. El oficialismo intentará exhibir inconsistencias de la oposición: “La doble vara”. La UCR y el juecismo buscarán devolver el golpe por los 27 años del PJ en el poder.

El trasfondo La disputa revela algo más profundo que un cruce parlamentario. El PJ busca evitar que el caso Agostina sea un símbolo de desgaste político y de fallas institucionales en materia de seguridad y justicia. La oposición, en cambio, busca mantener ese foco y convertirlo en un costo para el oficialismo.

En ese contexto, el “efecto Carasso” aparece como un intento de equilibrar el tablero: trasladar la discusión desde el gobierno hacia la oposición y poner bajo sospecha a dirigentes ligados al Tribunal de Cuentas y al juecismo. La política cordobesa entró en un clima de alta confrontación.