Estados Unidos ha sancionado a la empresa estatal cubana Cupet dentro de un nuevo paquete de medidas contra el sector energético de la isla. Washington acusa al Gobierno cubano de utilizar la energía como instrumento de control político y advierte de nuevas restricciones financieras. Estados Unidos ha anunciado este miércoles la designación de la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en el marco de un nuevo paquete de sanciones contra el sector energético de Cuba.

La medida se adopta bajo la Orden Ejecutiva 14404 y supone el bloqueo de todos los activos de la compañía bajo jurisdicción estadounidense o en manos de ciudadanos de EE.UU. "La energía ha sido utilizada durante mucho tiempo como un arma por el Gobierno comunista de Cuba, tanto para la represión como para un sistema de cleptocracia del régimen", ha justificado el Departamento de Estado, a través de un comunicado. En ese sentido, Washington acusa a La Habana de desviar recursos energéticos hacia las élites del país y su aparato de seguridad mientras la población sufre apagones y escasez. El comunicado añade que "Estados Unidos seguirá atacando la capacidad de Cuba para utilizar el comercio energético para sostener su agenda corrupta y su aparato de seguridad represivo", en referencia a la estrategia de presión sobre sectores clave de la economía cubana.

Alcance de las sanciones y efectos inmediatos A partir de la designación, quedan bloqueados todos los bienes e intereses de CUPET en Estados Unidos, así como cualquier transacción realizada por personas o entidades bajo jurisdicción estadounidense. Además, se prohíben operaciones indirectas que impliquen bienes o servicios vinculados a la compañía salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Washington advierte también de que las empresas extranjeras que mantengan relaciones con entidades sancionadas podrían exponerse a sanciones secundarias, especialmente si operan en el sector energético, financiero o de Defensa en Cuba. El Departamento de Estado enmarca estas medidas dentro de una estrategia más amplia orientada a "mejorar los derechos humanos, fomentar el Estado de derecho y promover la democracia en Cuba", según el texto oficial.

También recuerda que el objetivo de las sanciones "no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento". El Gobierno estadounidense mantiene así su línea de presión económica sobre La Habana en un contexto de tensión diplomática y restricciones crecientes al comercio energético de la isla.