LOS ÁNGELES (AP) — Las autoridades federales arrestaron a más de dos docenas de extranjeros el lunes en California acusadas de registrarse y votar ilegalmente. La redada en distintas partes del estado forma parte de un esfuerzo del gobierno de Trump por erradicar el voto de no ciudadanos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes, aunque los datos muestran que el problema es sumamente raro, difícil de probar y no ha cambiado el resultado de ninguna contienda. Los arrestos también reflejan una nueva escalada en la disputa sobre padrones electorales entre el gobierno federal y California, agravada la semana pasada cuando el Departamento de Justicia demandó al estado y luego advirtió que los trabajadores electorales locales que, a sabiendas, procesen o tabulen boletas presentadas por votantes no ciudadanos corren el riesgo de ser investigados y potencialmente procesados.

El Departamento de Justicia indicó que todos los arrestados como parte de una redada denominada Operación Proteger el Voto son residentes permanentes legales, pero no ciudadanos y por lo tanto no podían votar legalmente. Son acusados de delitos que incluyen hacer declaraciones falsas en una solicitud de naturalización y presentar registros de votantes fraudulentos. California surge como punto crítico de la disputa sobre el voto El gobierno federal ha convertido el voto de no ciudadanos en una prioridad este año, exigiendo a los estados información detallada de los votantes, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social.

Antes del lunes, el Departamento de Justicia había acusado a unas 90 personas por diversas irregularidades electorales en lo que va del año, incluidas 50 a quienes se les atribuye haber votado como no ciudadanos. Hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos durante la elección presidencial de 2024. La actividad se ha desarrollado particularmente en California, un estado mayoritariamente demócrata que por lo general no se considera en disputa pero sí tiene un puñado de contiendas competitivas para el Congreso que podrían determinar qué partido controla la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado. El gobierno demandó a California la semana pasada para impedir que cuente las boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos hasta que pueda confirmarse su estatus migratorio. La demanda se presentó después de que a funcionarios de California se les dio un plazo de 48 horas, que no cumplieron, para revisar una memoria USB protegida con contraseña que contenía una lista de 20.000 nombres.

El gobierno federal afirma que se trata probablemente de no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en la elección del 3 de noviembre, aunque la secretaria de gobierno dijo que el gobierno no ha aportado pruebas que respalden esa afirmación. El estado envía boletas por correo a todos los votantes registrados. Una advertencia para los trabajadores electorales El viernes, el Departamento de Justicia dio seguimiento con una carta en la que advirtió que los funcionarios electorales estatales que a sabiendas procesen boletas emitidas por no ciudadanos corren el riesgo de ser investigados. “La consecuencia legal por facilitar o ignorar un delito federal es significativa.

El voto de no ciudadanos en una elección federal es un delito federal, y facilitar a sabiendas esa conducta es igualmente ilegal”, advierte la carta de Trent McCotter, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia. Añade: “Si las personas tabulan a sabiendas boletas emitidas por individuos identificados por agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices y encubridores de un delito federal”. La carta está dirigida a la oficina del asesor jurídico del condado de Los Ángeles y también se envió copia a la secretaria de gobierno de California, Shirley Weber, y al registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, lo que en la práctica pone a todo el estado sobre aviso.

En respuesta a la carta, Logan señaló que su oficina está enfocada en llevar a cabo una elección justa y segura, y subrayó que faltan apenas 18 días para las elecciones. “El Departamento de Justicia ha optado por litigar sus afirmaciones no verificadas sobre la elegibilidad para votar. En este punto, lo mejor es que esto se aborde en los tribunales”, declaró Logan. Sobre la firma