El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió rechazar el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación de la Vía Navegable Troncal y, además, lanzó fuertes cuestionamientos contra la difusión pública que tuvo el informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que había advertido presuntas irregularidades en el proceso. El planteo quedó plasmado en un dictamen de siete páginas firmado en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Hidrovía. Allí, el fiscal sostuvo que el informe elaborado por la PIA “no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante” y remarcó que el documento tuvo repercusión mediática antes incluso de haber sido incorporado formalmente al sistema judicial. “Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe poco después de su remisión a esta dependencia, máxime cuando el mismo no había sido siquiera incorporado al sistema informático del Poder Judicial de la Nación Lex 100”, señaló el dictamen. Como ejemplo, el representante del Ministerio Público mencionó expresamente una nota publicada por el diario La Nación el 15 de mayo a las 16.18, en la que se replicaban las observaciones formuladas por la Procuraduría encabezada por Sergio Rodríguez. El dictamen respondió a una presentación realizada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, encabezada por Jonatan Baldiviezo, que había solicitado suspender de manera inmediata “todo acto de avance sustancial, consolidación, perfeccionamiento o ejecución” de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025 vinculada a la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Hidrovía. La organización buscaba frenar específicamente la apertura del Sobre N°3 —prevista para este martes— así como la evaluación de las ofertas económicas, la adjudicación y la firma del contrato, hasta tanto se analizara integralmente el dictamen de la PIA. En su presentación, la asociación sostuvo que el informe de la Procuraduría advertía presuntas falencias en la audiencia pública, deficiencias ambientales, restricciones a oferentes e irregularidades en el asesoramiento jurídico del proceso licitatorio. Sin embargo, el representante del MPF marcó distancia respecto de esas conclusiones y aclaró que la investigación en curso “se ciñe a investigar la posible deuda contraída por la AGPSE con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. y el supuesto direccionamiento” de la licitación anterior, correspondiente al año 2024, además de una eventual defraudación vinculada con la gestión estatal de la Vía Navegable Troncal durante 2023. “La dirección de esta investigación ha sido delegada en este Ministerio Público y se encuentra en plena etapa de instrucción”, remarcó el texto. El dictamen también reveló otro punto de tensión con la PIA. Según se indicó, el mismo 15 de mayo por la mañana el MPF había solicitado formalmente las actuaciones vinculadas con la licitación de la Hidrovía en el marco de otra causa iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Sin embargo, de acuerdo con el escrito, ese requerimiento “a la fecha permanece sin respuesta”. En otro tramo del documento, el fiscal sostuvo que la presentación realizada por el Observatorio “recepta y hace propias las observaciones formuladas” por la PIA “aun cuando dicha actuación no había sido incorporada al sistema Lex 100 al momento de su invocación”. Sobre el fondo del planteo, el Ministerio Público Fiscal entendió que no estaban reunidos los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que “no se advierten reunidos, con la intensidad requerida en esta etapa inicial, los recaudos que habiliten la procedencia de una medida cautelar de la entidad solicitada”. El dictamen añade que “no se ha logrado acreditar, siquiera en grado de apariencia suficiente, la verosimilitud del derecho invocado ni la manifiesta arbitrariedad del obrar administrativo cuestionado”. También descartó la existencia de un “peligro concreto, actual e inminente” que justificara una intervención urgente para suspender el procedimiento licitatorio. Además, recordó que la misma organización mantiene en trámite una acción de amparo ambiental colectivo ante la Justicia Federal de Santa Fe, donde ya se habían rechazado cautelares similares contra el proceso licitatorio y contra el decreto que habilitó el esquema de concesión de la Hidrovía. Con esos argumentos, el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que correspondía rechazar la cautelar solicitada y remitió las actuaciones al tribunal interviniente.