Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron ante el fuero Contencioso Administrativo una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de conocida como la ley de Tierras. La presentación fue realizada por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación contra el Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo es evitar que, mientras el Congreso se pronuncia sobre la vigencia de la norma, se consoliden como derechos adquiridos las compras de tierras rurales realizadas por extranjeros.

El planteo se conoció luego del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó por falta de legitimación la demanda promovida por el CECIM. El máximo tribunal aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que corresponde al Congreso. Qué cambió con la derogación de la Ley de Tierras A partir de la decisión judicial, la derogación de la Ley de Tierras volvió a producir plenamente sus efectos.

De esta manera, dejaron de regir los límites que establecía la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Según la presentación, ya no se aplican las restricciones vinculadas con porcentajes de propiedad a nivel nacional, provincial o departamental, ni aquellas relacionadas con la nacionalidad o la superficie. Tampoco rige la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. "Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros", señaló Pichetto en su cuenta de X.

Por su parte, Massot sostuvo que “La tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables. Una decisión de esta magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo: tiene que ser discutida y definida por el Congreso de la Nación”. “No podemos permitir que, mientras el Congreso se prepara para decidir, se consoliden operaciones que después sean imposibles de revertir. Lo que se pierda en estas dos semanas puede no recuperarse aunque el Congreso restablezca los límites”, afirmó.

Los diputados sostienen que la cautelar resulta necesaria porque, aun si posteriormente el Congreso rechazara el DNU o se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante el período de vigencia de la derogación podrían quedar protegidas como derechos adquiridos. “No estamos pidiendo que la Justicia sustituya al Congreso. Estamos pidiendo exactamente lo contrario: que preserve la situación hasta que el Congreso pueda ejercer la facultad que le corresponde. El régimen sobre nuestros recursos naturales debe decidirse por ley, no por decreto”, concluyó Massot.

El planteo contra el DNU y el pedido de una medida interina Pichetto y Massot también cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras haya sido dispuesta mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según argumentaron, no se habrían configurado las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para el dictado de un DNU. Entre los fundamentos mencionaron que el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar, que el propio Poder Ejecutivo remitió el decreto al Poder Legislativo seis días después de su dictado y que el Senado rechazó el DNU en marzo de 2024.

El escrito sostiene además que las tierras rurales y los cuerpos de agua constituyen recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para su disposición debe ser establecido por el Congreso de la Nación. Ante la urgencia planteada, los diputados solicitaron una medida interina de aplicación inmediata mientras se desarrolla el trámite previo a la resolución de la cautelar. Como alternativa, pidieron medidas destinadas a preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y hacer pública la existencia del proceso judicial.