El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes nuevas restricciones migratorias contra funcionarios, exfuncionarios y empresarios de distintos países de América Latina. La medida incluye la revocación de visas estadounidenses por presuntos hechos de corrupción y acciones que, según Washington, atentan contra gobiernos elegidos democráticamente. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado y alcanza a ciudadanos de Bolivia, Colombia y Perú, además de dos ecuatorianos cuyas identidades no fueron difundidas.

En determinados casos, las restricciones también se extienden a familiares directos de las personas señaladas. Bolivia, el país con más funcionarios sancionados por Estados Unidos Bolivia concentra la mayor cantidad de personas incluidas en la lista difundida por las autoridades estadounidenses. Entre los funcionarios mencionados aparecen el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

La nómina también incluye al fiscal superior Martín Daniel Irusta, la jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer Albania Chane Caballero, el fiscal titular de Santa Cruz Alberto Zeballos y el coronel de policía Frans William Cabrera. En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado fundamentó la medida en disposiciones de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, al atribuirle participación en casos graves de corrupción. Según el comunicado estadounidense, las acciones del fiscal general ponen en riesgo los esfuerzos impulsados por Trump contra el narcoterrorismo y perjudican las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer mediante su participación en el programa Escudo.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visas estadounidenses fueron declarados inelegibles para obtenerlas en el futuro. Qué funcionarios de Colombia, Perú y Ecuador fueron alcanzados Las restricciones también involucran a dos ciudadanos colombianos. Uno de ellos es el empresario Euclides Antonio Torres, mientras que la segunda persona mencionada es Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

El Departamento de Estado señaló que esa fuerza política forma parte de la coalición del Pacto Histórico. Ambos ciudadanos fueron incorporados a las medidas migratorias anunciadas por la administración estadounidense. En Perú, la decisión alcanza a Juan Carlos Núñez, identificado en la información difundida como juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima.

Por otra parte, Washington anunció restricciones contra otros dos ciudadanos de Ecuador y sus familiares. Sin embargo, el comunicado no especificó sus nombres ni aportó detalles individuales sobre las acusaciones. Qué implica la revocación de visas anunciada por Trump Las medidas se fundamentan, en parte, en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense.

Según el Departamento de Estado, esta disposición permite restringir el ingreso de personas señaladas por determinadas actividades vinculadas con corrupción o narcotráfico que afecten a gobiernos elegidos democráticamente. La decisión contempla tanto la revocación de visas existentes como la declaración de inelegibilidad para obtener nuevos permisos de ingreso. En algunos casos, las restricciones alcanzan también a los familiares directos de los sancionados.

El Gobierno estadounidense no difundió en la información proporcionada un detalle individual de las pruebas correspondientes a cada persona incluida en la nómina. En su comunicado, el Departamento de Estado concluyó con un mensaje atribuido al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio: "Los funcionarios corruptos (y los criminales a quienes protegen) no son bienvenidos en Estados Unidos". De esta manera, la administración estadounidense amplió las restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos latinoamericanos a quienes atribuye presuntas irregularidades, aunque los fundamentos comunicados no son idénticos en todos los casos.