La mesa de diálogos entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), disidencia que se disolvió de la Segunda Marquetalia, manifestó su rechazo a las denuncias sobre posibles presiones electorales en el resguardo indígena Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco (Nariño, sur occidente de Colombia), en medio de la campaña presidencial que se adelanta en el país. En un comunicado publicado por la Consejería Comisionada de Paz en X, ambas delegaciones negaron una denuncia presentada ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales sobre las condiciones para realizar la jornada electoral del 21 de junio, donde se realizará la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. PUBLICIDAD La denuncia cuestionada por las delegaciones afirmaba que, en el resguardo de Inda Zabaleta, actores armados retuvieron de forma ilegal los documentos de identidad de los habitantes con la condición de entregarlos solo el día de la votación, según lo expresó un magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, tanto el Gobierno como la Cneb negaron la versión y sostuvieron que se brindarán las garantías necesarias para el desarrollo de la jornada electoral en esta zona del país. “El Gobernador del Resguardo Indígena Inda Zabaleta, como máxima autoridad en el territorio, en el desarrollo del ciclo No 8, informó que no hay evidencia de retención ilegal de documentos de identidad a los habitantes del Resguardo por parte de actores armados”, mencionaron los delegados en un comunicado. PUBLICIDAD “Adicionalmente, (...) las elecciones presidenciales del 31 de mayo del presente año se desarrollaron con normalidad, las personas en el territorio ejercieron su derecho al voto de forma plena y libre”, indicaron. Por último, ambas partes reafirmaron su compromiso para el desarrollo de las jornadas electorales en el sur de Colombia. “Las delegaciones de Gobierno nacional y de la Coordinadora Nacional EB rechazan los señalamientos falsos y sin fundamento probatorio, y reiteran la relevancia del Acuerdo No. 13, y su compromiso con el cumplimiento del mismo, demostrando la importancia de la Mesa de Diálogos de Paz para promover los derechos civiles y políticos de las comunidades de Nariño y Putumayo”, puntualizaron.

PUBLICIDAD Reactivación de las conversaciones de paz A finales de abril de 2026, tanto el Gobierno colombiano como la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (Cneb) acordaron volver a la negociación en la primera semana de junio, tras haber entrado en una crisis por ataques armados y diferencias en varios puntos acordados en la mesa. La decisión llega después de que, en el cierre del séptimo ciclo, la organización liderada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, reconociera la autoría de los hechos del 19 de abril en Ipiales, Nariño, donde murieron tres soldados del Ejército en un ataque con drones, y confirmara su responsabilidad en el uso de minas antipersonal que dejaron heridos a tres niños. PUBLICIDAD Como respuesta a esos hechos, la facción que se desintegró de la Segunda Marquetalia reiteró de forma pública que no planeará ni ejecutará acciones ofensivas contra la fuerza pública, incluido el uso de drones. “La CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública incluido el uso de los drones, así como su compromiso con la aplicación de Derecho Internacional Humanitario y de respeto a los derechos humanos”, se lee en un documento expedido.

La suspensión previa de las conversaciones también se produjo por la propuesta del Ejecutivo de que la disidencia aportara recursos para la erradicación de cultivos de coca. No obstante, el comunicado no esclareció de qué modo fue superada esta tensión. PUBLICIDAD En su momento, la mesa acordó como prioridad inmediata “acelerar medidas de reparación temprana” para las víctimas del conflicto, así como la georreferenciación de zonas con sospecha de artefactos explosivos para facilitar el desminado humanitario. “Las delegaciones acelerarán la implementación de los compromisos adquiridos, contribuyendo con acciones tempranas como la georreferenciación de zonas con sospecha de presencia de artefactos explosivos y con potencialidad para el desminado humanitario”, precisaron.

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