La avanzada del Gobierno de Javier Milei sobre el sistema de discapacidad sumó un fuerte cortocircuito entre sus aliados en Córdoba. En ese marco, el concejal Martín Juez (Frente Cívico) pidió rechazar la reforma del poder libertario por su impacto en las prestaciones y trasladó la presión al Senado, donde su padre, Luis Juez, integra el bloque de la Libertad Avanza. El planteo se dio en la comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal, presidida por Mónica Rosales, que expresó por unanimidad su “profunda preocupación y rechazo” al proyecto de Milei que modifica la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas.

Además, el dictamen que llegará al recinto del Concejo capitalino insta al Congreso de la Nación a frenar los cambios. Rosales, autora de la iniciativa, advirtió que la propuesta implica “un cambio de paradigma” al pasar de un sistema basado en la universalidad y la solidaridad a una lógica de mercado. De hecho, cuestionó la eliminación del Nomenclador Nacional, lo que —según sostuvo— habilita a obras sociales y prepagas a fijar aranceles de manera discrecional. “Esto rompe la referencia común, fragmenta el sistema y deja a prestadores y personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad”, señaló la edila oficialista.

Asimismo, apuntó contra la instauración de una incompatibilidad entre pensiones no contributivas y empleo formal. A pesar de que la gestión Milei justifica la medida en controles más estrictos, la dirigente peronista la calificó como “regresiva y discriminatoria”, que obliga a la persona con discapacidad a elegir entre la seguridad de su pensión o la incertidumbre de un empleo. “En lugar de garantizar derechos, hay una mirada basada en la desconfianza. Está bien que el Estado controle, pero no que recorte y que la gente se quede sin prestaciones”, remarcó.

Rechazo juecista Sin embargo, el dato político lo aportó Martín Juez. Aunque admitió que la discusión lo “incomoda profundamente” en su condición de aliado político del Gobierno nacional y hermano de una persona con discapacidad, el edil endureció su postura contra la reforma. “Los cambios del Gobierno afectan a los que menos tienen”, sostuvo. Pero, también, fue más allá: pidió explícitamente a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa, dejando abierta la tensión con la mira puesta en el Senado.

En ese punto, la señal adquiere volumen político ante el fuerte cortocircuito entre los aliados cordobeses de Milei. No sólo porque interpela al bloque libertario en la Cámara Alta, sino porque coloca en el centro a su propio padre, Luis Juez, quien deberá definir su posición en un tema muy sensible. Con este argumento, el concejal capitalino buscó marcar autonomía sin romper con la alianza libertaria, en un equilibrio delicado. “Soy pragmático.

Los cambios del Gobierno afectan a los que menos tienen. Pido instar a los legisladores nacionales a que rechacen la nueva ley. Reconocer los problemas no te hace menos oficialista”, expresó el edil del Frente Cívico durante la reunión de comisión.

Por su parte, Elisa Caffaratti (UCR) y Soher El Sukaria (PRO) introdujeron otro elemento al debate: las deudas del Apross con prestadores -en una crítica que apunta al Gobierno de Martín Llaryora- y el rol de los gobernadores en la definición final del proyecto, en un Congreso sin mayorías claras. No hay plan B En el marco de la comisión, representantes del sector reforzaron las críticas. Carolina Armeloni, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (CAPREDIS), advirtió que el esquema proyectado obliga a optar entre una pensión insuficiente o un empleo formal difícil de conseguir.

Pero, sobre todo, alertó sobre el desmantelamiento del sistema de prestaciones: “En discapacidad, cuando el Estado no está, no hay nadie. No hay plan B”. De igual modo, Verónica Prieto, directora del Centro de Día 5 Sentidos, describió un cuadro de instituciones “fundidas” y en retroceso, en un contexto donde el Estado no tiene estructura propia para atender a las personas con discapacidad. “El propio (jefe de Gabinete, Manuel) Adorni reconoció que nos deben $70 mil millones los prestadores”, graficó.

Por su parte, Leonardo Basconi, el Cottolengo Don Orione, cuestionó la falta de auditorías efectivas por parte de la Nación. Instituciones como el Cottolengo son “garantía” de que no hay fraude, dijo. “Enviamos 150 casos para que hicieran la auditoría nacional y nunca nos respondieron”, se quejó. “Nos dicen que quiere evitar el fraude con pensiones, cuando el fraude real se hace con medicación y ortopedias”, afirmó Armeloni, tras recordar “el caso Spagnuolo” y las denuncias por pago de coimas en Andis (Agencia Nacional de Discapacidad).