La cámara de diputados retomará este martes el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía, una iniciativa impulsada por el gobierno que propone modificar distintas normas vinculadas con la protección de los recursos estratégicos, la seguridad nacional y las actividades de empresas y personas extranjeras en el país. La discusión estará atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó una decisión judicial que había frenado la aplicación de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a partir de las 15.30 para desarrollar una segunda jornada informativa con especialistas invitados por las distintas bancadas.

Una nueva jornada de debate en Diputados La reunión estará encabezada por los titulares de las comisiones involucradas: Carlos Zapata, de defensa; Juliana Santillán, de relaciones exteriores; y Laura Rodríguez Machado, de legislación penal. La convocatoria se produce después de que la reunión anterior terminara de manera abrupta tras un cruce entre el dirigente social Juan Grabois y diputados del oficialismo. En esta nueva jornada participarán especialistas y representantes de organizaciones vinculadas con la soberanía, la defensa y las Islas Malvinas.

Entre los expositores se encuentran el exministro Daniel Filmus, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, el intendente de Punta Indio David Angueira y representantes del CECIM La Plata y del observatorio Malvinas. También fueron convocados representantes del CELS, especialistas y abogados de la Universidad de Buenos Aires, docentes universitarios, expertos en criminalística y representantes de organizaciones vinculadas con excombatientes y la actividad naval. Qué propone el proyecto de defensa de la soberanía Uno de los principales ejes de la iniciativa es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.

El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión y la posibilidad de inhabilitar a las personas o empresas involucradas para operar en el territorio nacional. Además, la iniciativa reemplazaría la actual Ley 26.659 y ampliaría el alcance de las prohibiciones. Ya no se limitarían a la explotación de hidrocarburos, sino que abarcarían cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

También se crearía un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían impedidos de contratar con el estado y con particulares en determinadas condiciones previstas por la normativa. Un consejo de seguridad nacional Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de gabinete y los ministros de relaciones exteriores, defensa y economía. También formarían parte representantes de la SIDE y de la secretaría legal y técnica.

El organismo tendría como objetivo coordinar políticas vinculadas con la defensa diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas. Ante una amenaza grave e inminente, el proyecto contempla que el consejo pueda disponer determinadas medidas de emergencia, entre ellas restricciones sobre operaciones financieras y cambiarias, bloqueo temporal de fondos y activos y suspensión de autorizaciones o contrataciones. También se prevén restricciones sobre importaciones y exportaciones y modificaciones temporales de derechos aduaneros.

Medidas sobre aeronaves y buques considerados hostiles La iniciativa establece además facultades para responder ante determinadas amenazas externas. Entre ellas se incluye la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques considerados hostiles, aunque como último recurso y luego de agotar las instancias previstas en un protocolo de actuación. El proyecto también incorpora disposiciones relacionadas con la seguridad interna cuando existan amenazas externas provenientes de actores estatales o no estatales.

Control sobre financiamiento extranjero y campañas de desinformación Otro capítulo de la propuesta está relacionado con la actividad política y la influencia extranjera. El proyecto plantea prohibir aportes económicos provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras destinados a partidos políticos y campañas electorales. También propone incorporar nuevos delitos vinculados con la entrega de secretos a estados o servicios de inteligencia extranjeros y la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia.

La iniciativa contempla además sanciones para acciones financiadas desde el exterior destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje. El registro vinculado al terrorismo El proyecto incorpora además el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET). La inscripción en este registro permitiría disponer la inmovilización de bienes y establecer restricciones para realizar operaciones económicas o financieras con personas o entidades vinculadas al terrorismo o a su financiamiento.

De esta manera, el proyecto busca establecer un esquema integral que combine herramientas de defensa, seguridad, inteligencia, protección de recursos estratégicos y control de determinadas actividades vinculadas con intereses extranjeros. El debate continuará este martes en comisión con la participación de especialistas y representantes de diferentes sectores, mientras los diputados deberán avanzar en el análisis de una iniciativa que abarca desde la explotación de recursos naturales hasta la seguridad nacional, el financiamiento político y la protección de infraestructura estratégica.