La oposición volvió a presionar en el Congreso con un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones, en medio de fuertes cuestionamientos por la situación del área de Discapacidad. La iniciativa se reiteró durante una reunión abierta convocada por el diputado Juan Marino, que reunió a más de 150 personas vinculadas a la temática. El encuentro se realizó en la Cámara de Diputados ante la falta de funcionamiento de la comisión específica y los reclamos de organizaciones que buscan visibilizar el impacto de las políticas actuales. “La situación es grave”, advirtió Marino, al describir cierres de centros de día, interrupción de terapias, falta de medicamentos y dificultades para acceder a pensiones.

En ese contexto, lanzó una dura crítica al Gobierno: “Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno”. Durante la jornada también participaron familias afectadas. Entre ellas, la de Ian Moche, un niño con trastorno del espectro autista, cuya madre denunció amenazas y agresiones tras una controversia en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine.

El reclamo contra Lugones sumó apoyos de distintos sectores, incluida la actriz Lola Berthet y múltiples organizaciones sociales. Marino recordó que el pedido de juicio político ya había sido presentado junto al diputado Pablo Todero. Alertas por el impacto en tratamientos y prestaciones En la reunión se repitieron testimonios sobre dificultades crecientes para sostener tratamientos, acceder a medicamentos y mantener servicios básicos de atención.

También se propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad para relevar y sistematizar la situación en todo el país. Uno de los principales focos de preocupación es la reforma del régimen de pensiones por invalidez que impulsa el Gobierno. La iniciativa contempla un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios en un plazo acotado, bajo riesgo de suspensión del pago si no se actualizan los datos.

Además, endurece los requisitos: la invalidez deberá ser total y permanente, y será incompatible con cualquier tipo de trabajo formal. Aunque el monto se mantendría en el 70% del haber mínimo, el objetivo oficial apunta a reducir la cantidad de beneficiarios. Desde el Ejecutivo justifican la medida en el crecimiento del sistema en las últimas dos décadas y en la detección de irregularidades.

Sin embargo, desde la oposición advierten que el efecto será un recorte en el acceso a derechos. Críticas por la desregulación del sistema Otro punto cuestionado durante el encuentro fue la posible liberalización de los precios de las prestaciones, que podría impactar en la cobertura y en el acceso a servicios esenciales. La reunión contó con la participación de legisladores de distintos espacios, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño y Esteban Paulón, quienes coincidieron en la necesidad de visibilizar la problemática.

LB/ML