La oposición presentó formalmente el pedido de sesión en Diputados para debatir el DNU 70/23, un tema que volvió a la agenda tras un controvertido fallo de la Corte Suprema. En la misma sesión buscan tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que ya cuentan con dictamen luego de que se intimara a las comisiones a expedirse. El requerimiento ingresó este jueves con el respaldo de 32 diputados, pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

Sumados, esos espacios reúnen 122 legisladores, siete menos que los 129 necesarios para el quórum, y eso en el mejor de los casos, con todos sus integrantes sentados en el recinto. De ahí que la gran incógnita sea la asistencia: la atención está puesta sobre todo en Provincias Unidas, donde pesa la influencia de gobernadores clave como los de Córdoba y Santa Fe. La sesión especial fue solicitada para el jueves 15 de octubre a las 14, una fecha que además coincidirá con una nueva marcha universitaria.

El objetivo de los bloques que impulsaron la convocatoria es reunir el quórum necesario para abrir el recinto y avanzar con un temario que combina tres asuntos que vienen generando tensiones con el Gobierno. El primer punto será el DNU 70/23, aunque el debate tomó un nuevo impulso a partir del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la denominada Ley de Tierras. El máximo tribunal dejó firme la aplicación del artículo 154 del decreto, que había derogado las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo volvió a poner al mega DNU de Javier Milei en el centro de la discusión parlamentaria. El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, pero para que un DNU quede definitivamente sin efecto se necesita el rechazo de ambas cámaras. Por eso, la eventual discusión en Diputados adquiere especial relevancia para el futuro del decreto firmado por Milei a fines de 2023.

El segundo eje será el endeudamiento familiar. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor terminaron el 29 de septiembre el tratamiento de los proyectos y emitieron tres dictámenes. El de mayoría fue impulsado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, mientras que Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron una propuesta alternativa y Argentina Federal impulsó otro despacho.

Entre las iniciativas que llegaron a las comisiones aparecen propuestas para establecer mecanismos de prevención del sobreendeudamiento, modificar las condiciones de acceso al crédito y establecer herramientas para la reestructuración de las deudas de las familias. Uno de los proyectos opositores, por ejemplo, propone un régimen integral de protección y desendeudamiento y plantea modificaciones al propio DNU 70/23 y a las leyes de Defensa del Consumidor y de Tarjetas de Crédito. El tema había sido impulsado en septiembre mediante un emplazamiento aprobado por el pleno de Diputados.

En aquella oportunidad, la Cámara ordenó a las comisiones avanzar con el tratamiento de unos 50 proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias y fijó el 29 de septiembre como fecha para emitir los dictámenes. El tercer eje será la emergencia nacional en discapacidad. El proyecto opositor plantea extenderla hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa fue presentada en agosto y lleva las firmas de diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal y el Frente de Izquierda, entre otros espacios. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen sobre el proyecto el 23 de septiembre. El despacho que propone prorrogar la emergencia reunió 36 firmas, mientras que La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría para establecer un régimen permanente de discapacidad.

Así, el desafío para la oposición estará primero en conseguir que los 129 diputados necesarios se sienten en sus bancas y, después, en reunir las mayorías para avanzar con cada uno de los proyectos. La convocatoria vuelve a poner a prueba los acuerdos entre el peronismo, los bloques provinciales y los sectores dialoguistas, especialmente aquellos diputados que no integran el núcleo opositor pero que pueden resultar determinantes para abrir el recinto. RG LT