La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este martes el proyecto de Presupuesto Universitario 2027 en el Congreso, en una jornada con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo y en medio de una profunda tensión con las casas de estudio tras las recientes marchas de protesta. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezarán la presentación de los recursos destinados al área educativa dentro de la ley de gastos para el próximo ejercicio. El Poder Ejecutivo propone una partida de $7,3 billones para las casas de altos estudios, mientras que las Universidades Nacionales reclaman una asignación total de $11 billones.

Los representantes gubernamentales insistirán ante los legisladores en que la gestión oficial actúa "a derecho" y cumple de forma estricta con las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera vigentes. La Casa Rosada justifica la suspensión de los fondos aprobados por el Congreso En relación con el conflicto legal, Álvarez sostuvo que los parlamentarios "votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria".

El funcionario argumentó que la Casa Rosada cumplió con la norma que "obliga a promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados. Tras ello, también cumplimos la medida cautelar dictada. Al día de hoy, la causa se encuentra apelada ante la Cámara y, por tanto, actuamos plenamente a derecho".

El articulado de la ley obliga a las instituciones académicas a enviar la información necesaria al Ministerio de Capital Humano para auditar las transferencias, con la potestad oficial de congelar giros en caso de incumplimiento, además de fijar un límite para los incrementos salariales de 2027. El proyecto educativo oficial incluye recortes en programas y becas nacionales El presupuesto global para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones, con reducciones en las becas Progresar, infraestructura y programas como Educación Sexual Integral (ESI), aunque destinará $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y mantendrá el reparto automático de fondos a las provincias.