La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa promovida por el Gobierno que propone endurecer las sanciones para empresas y proveedores que operen en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina y contempla la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional. El proyecto será analizado al mediodía en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que son presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente. La primera reunión tendrá carácter informativo y contará con la participación de funcionarios nacionales y especialistas en asuntos internacionales y energéticos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La intención del oficialismo es avanzar con un dictamen el martes 6 de octubre, con el objetivo de que la iniciativa pueda ser debatida en una sesión prevista para el 7 de octubre, junto con proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento. El debate en comisiones marcará así el primer paso legislativo de una iniciativa que combina modificaciones al régimen de protección de los recursos naturales en las Islas Malvinas con un nuevo esquema de seguridad nacional y mayores facultades de intervención ante amenazas consideradas graves. Mayores penas para las empresas que operen en Malvinas Uno de los principales ejes de la iniciativa es el reemplazo de la actual Ley 26.659, ampliando el alcance de las prohibiciones vigentes.

Mientras la legislación actual está centrada principalmente en actividades vinculadas con hidrocarburos, el nuevo proyecto extiende las restricciones a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. Además, establece la creación de un Registro Público de Infractores. Las personas y empresas incorporadas a ese registro no podrán ser contratadas por el Estado ni por particulares.

El proyecto también incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa. En materia penal, la iniciativa plantea penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, así como para quienes cooperen con esas actividades. También contempla la inhabilitación para operar en territorio argentino.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional Otro de los puntos centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo tendrá como objetivo coordinar las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en cuestiones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza considerada grave e inminente, el Consejo podrá disponer medidas urgentes.

Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias y financieras, el bloqueo temporal de fondos y activos, la suspensión de autorizaciones o contrataciones y restricciones a importaciones y exportaciones. También se contempla la posibilidad de elevar temporalmente los derechos aduaneros. Derribo de aeronaves y hundimiento de buques Entre las facultades más sensibles previstas por la iniciativa aparece la posibilidad de autorizar, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

La aplicación de estas medidas quedaría sujeta a un protocolo de actuación y se prevé que sean utilizadas únicamente después de agotar las demás instancias contempladas. Defensa Nacional y seguridad interior Otro de los cambios propuestos consiste en redefinir las funciones de la Defensa Nacional y permitir su intervención en materia de seguridad interior ante determinadas amenazas externas, tanto de origen estatal como no estatal. El proyecto incorpora además por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La inscripción en ese registro permitiría disponer la inmovilización de bienes y establecer la prohibición de realizar determinadas operaciones económicas y financieras con personas o entidades vinculadas con el terrorismo o su financiamiento.