Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales de 2024 y 2025. La presentación judicial sostiene que el funcionario habría omitido informar parte de su patrimonio y que esas inconsistencias también se habrían reflejado en el informe de gestión que presentó ante la Cámara de Diputados, por lo que los legisladores solicitaron que se investigue la posible comisión del delito de falsedad ideológica. La denuncia fue presentada luego de las explicaciones públicas que Adorni brindó en distintas entrevistas periodísticas sobre la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Según Frade y Ferraro, el funcionario reconoció que no había declarado determinados activos que poseía antes de ingresar a la función pública, entre ellos tenencias en criptomonedas y una herencia familiar compuesta por dinero en efectivo. También señalaron que admitió omisiones vinculadas a propiedades inmobiliarias. En el escrito, los diputados mencionan un inmueble ubicado en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, un departamento en el barrio porteño de Caballito y otro inmueble heredado en La Plata.

A su criterio, la posterior presentación de declaraciones juradas rectificativas no elimina la posible responsabilidad penal derivada de las omisiones originales. Los denunciantes cuestionaron además la explicación brindada por Adorni, quien atribuyó las inconsistencias a errores involuntarios y a no haber dimensionado correctamente el alcance de sus obligaciones al asumir funciones públicas. Para los legisladores, las declaraciones juradas constituyen documentos públicos y cualquier ocultamiento deliberado de bienes podría encuadrarse en la figura de falsedad ideológica prevista en el artículo 293 del Código Penal.

La presentación también hace referencia a las explicaciones que el funcionario brindó en entrevistas televisivas y radiales, así como a respuestas incluidas en el informe de gestión presentado ante la Cámara de Diputados el 29 de abril de este año. Uno de los puntos centrales de la denuncia es que Adorni habría sostenido durante varios meses que su patrimonio se encontraba correctamente declarado ante la Oficina Anticorrupción, mientras que posteriormente reconoció la existencia de bienes y activos que no figuraban en las presentaciones originales. Frade y Ferraro sostienen que esa conducta no sólo podría haber afectado el control patrimonial previsto por la Ley de Ética Pública, sino que también tendría relevancia institucional debido al cargo que ocupa el funcionario dentro del Poder Ejecutivo.

Los diputados aclararon que la denuncia no apunta a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya tramita en la Justicia y que se encuentra en una etapa separada. En cambio, solicitaron que se analice específicamente si existieron omisiones deliberadas en las declaraciones juradas y si hubo información falsa en documentos oficiales. En el escrito, además, pidieron que se instruya una investigación penal y que, en caso de comprobarse los hechos denunciados, se apliquen las sanciones previstas en el Código Penal, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos.