Con la polémica iniciativa que trata hoy Diputados, 1,6 millones de usuarios perderán la asistencia tarifaria en ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se habilitó la sesión especial el proyecto para redefinir el régimen de zona fría para el consumo de gas, y la Ley Hojarasca. El temario de la sesión, además de los cambios a la ley de zona fría, abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas. En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica. Para completar el quórum de 129 voluntades sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

También generó sorpresa, pero por los motivos contrarios, que no bajaran al recinto los tres diputados de Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, ya que se trata de habituales aliados del Gobierno. De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Cabe destacar que en las últimas horas se enturbió el panorama respecto de la aprobación de la reducción del régimen de zona fría, con la provincia de Córdoba como epicentro de los nubarrones.

Se trata de una de las provincias del medio (como San Luis), que se quedarían sin los beneficios por "zona fría" y tampoco serán recompensadas con subsidios por "zona cálida". El gobernador Martín Llaryora se puso al frente del reclamo en un encuentro con 13 intendentes, donde bajó una línea clara a los diputados cordobeses para que rechacen la iniciativa que quitará los subsidios a todos los municipios del sur de la provincia. "Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos. Es decir, a más de la mitad de la población provincial", indicó.

Según alertó, la modificación del régimen de zona fría "podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno". Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. En la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires.

Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave. Según el texto oficial, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad incluidas dentro del sistema SEF.

La iniciativa oficial incluye además un capítulo destinado a regularizar las deudas acumuladas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA. El proyecto habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y deudas con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque condiciona esos beneficios a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, establece el traslado automático de los costos de generación eléctrica y adquisición de gas a las tarifas finales.

Desde IERAL señalaron que el objetivo es reducir distorsiones y evitar la acumulación de nuevos subsidios o atrasos financieros dentro del sistema energético.