A la espera de la oficialización del decreto que busca "agilizar" la designación de jueces y fiscales, en el Gobierno mensuran la posibilidad de avanzar con la designación de las dos vacantes que quedan en la Corte Suprema luego del intento fallido del 2025 cuando el Senado rechazó los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Alberto García Mansilla. Conscientes de los tiempos electorales que se avecinan y de los vaivenes del interesado respaldo que le han prodigado al oficialismo los "aliados" del Congreso en distintos proyectos, en el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, pretenden aprovechar el impulso que le ha dado el acuerdo del Senado a más de 70 pliegos judiciales promovidos por el Ejecutivo para buscar completar las vacantes del máximo tribunal. Pero Javier Milei no estaría convencido de esa iniciativa y preferiría esperar hasta el recambio legislativo de 2027 cuando, estima, LLA estaría en condiciones de aprobar a candidatos propios sin la necesidad de un acuerdo con el peronismo, por caso.

El primer mandatario desconfía de las artimañas de la política luego de la negociación que en 2024 había entablado el asesor Santiago Caputo con el cortesano Ricardo Lorenzetti para completar las sillas de la Corte. De ese entendimiento surgieron los nombres de Lijo y del académico de la Universidad Austral, más afín a los intereses de la doctrina libertaria. Si bien García Mansilla llegó a jurar ante las autoridades del máximo tribunal luego de haber sido nombrado "en comisión" por el propio Presidente, en abril de 2025 el Senado le dio la espalda al igual que ocurrió con Lijo.

Hoy el juez federal que investiga al jefe de gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito se encuentra en París compartiendo una jornada del GAFI con el propio Mahiques. Las suspicacias son muchas. Desde algunas oficinas de Casa Rosada deslizan que los acercamientos del ministro con el juez federal podrían aliviar la situación procesal del ministro coordinador que, asesorado por el estudio Ledesma y por expertos tributaristas, optó por explicar sus ahorros con una suma de dólares, más de 500 mil dólares, no declarada en los registros oficiales.

Casualmente el "affaire" del jefe de gabinete lleva a algunos operadores oficiales a entender que las lealtades con las bancadas aliadas del Parlamento podrían decaer en un futuro próximo. Los gobernadores que visitan la Casa Rosada (esta semana le toca al chaqueño Leandro Zdero, al fueguino Gustavo Melella y al sanjuanino Marcelo Orrego) se reúnen con el ministro del Interior, Diego Santilli, pero ya no aceptan fotos con el propietario de la pileta con cascada del country Indio Cua. "Cada día que pasa se acortan las chances" de avanzar con las vacantes en el máximo tribunal, razonan quienes impulsan la propuesta para llevar a cinco los integrantes del máximo tribunal. En el PRO salieron a marcar distancia con el decreto que el Ejecutivo va a publicar en breve para modificar los requisitos para nombrar jueces federales, incluidos los ministros de la Corte Suprema.

Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, alertó este lunes que "la transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas. El Ejecutivo todavía estaría a tiempo de evitar una mala señal. La independencia judicial empieza por cómo se eligen los jueces de la Corte".

En el Gobierno se defienden y aducen que la nueva reglamentación buscaría acortar los procesos para evitar que haya "requisitos" -como las primeras objeciones a los candidatos del Ejecutivo- que terminen demorando el tratamiento de los pliegos en la comisión de Acuerdos del Senado. Una de las modificaciones es la eliminación de las instancias administrativas previas a la nominación presidencial, “las cuales guardan similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado de la Nación”. Esa aparente limitación a la participación ciudadana en el proceso es lo que habría motorizado los reclamos de sectores aliados al oficialismo, por caso.

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