Diego Spagnuolo se negó a declarar en la causa que revisa un millonario fraude en la Agencia de Discapacidad El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo evitó declarar este martes durante la ampliación de su indagatoria en la causa que revisa un amplio abanico de irregularidades dentro de un sistema de compras del organismo. Allegados al exfuncionario indicaron que “no declarará hasta que no se realice la pericia”, en alusión a los audios que dispararon el escándalo -y posteriormente la investigación-, en los que una voz que sería la de Spagnuolo hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia. La postura de Spagnuolo y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de aquellas grabaciones podría comprometer a la causa por entero.

Para el fiscal del caso, Franco Picardi, en cambio, los audios son accesorios y no constituyen una prueba angular en su acusación, que fue ampliada a comienzos de abril. Spagnuolo, máximo responsable de la agencia en el periodo investigado, ya había sido indagado y procesado en febrero por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles. La causa tiene bajo estudio maniobras que implicaron salidas de dinero de Andis por más de 75.000 millones de pesos.

En el centro de la acusación permanece el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según el fiscal Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos.

La convocatoria de este martes se dio a partir de nuevos hallazgos del fiscal y en el marco de una segunda tanda de citaciones, que incluye también a una treintena de personas acusadas de integrar una presunta red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, en complicidad con droguerías. Los nuevos elementos en los que el fiscal basó su acusación surgen del secuestro de teléfonos y del análisis del sistema Siipfis, que habría sido manipulado tanto por funcionarios como por operadores externos, sin cargos oficiales en el organismo. A partir de esa información, Picardi detectó otras irregularidades, que no se limitarían al rubro de medicamentos, sino que se extenderían también a la compra de insumos.

Quien procesó a Spagnuolo y al resto de los implicados en esta causa fue el juez Sebastián Casanello, que hasta febrero de este año subrogaba el juzgado 11, donde tramita el caso. Vencida esa suplencia, el juzgado pasó a manos del juez Ariel Lijo, que aceptó el pedido de ampliación de Picardi, y convocó a Spagnuolo a una nueva indagatoria. Los otros supuestos jefes de la banda, también procesados, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian.

Garbellini y Calvete también fueron citados a ampliar sus indagatorias por el juez Lijo. Hoy, tras la negativa de Spagnuolo, fue el turno de Garbellini, que también optó por no declarar. Su defensa, en manos de Agustín Biancardi, prepara un descargo escrito, pero para su presentación aguarda otras resoluciones en la causa.

Como director de la agencia de Discapacidad, Garbellini es acusado por el fiscal de haber direccionando adjudicaciones hacia un grupo reducido de droguerías, como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta. En conversaciones recuperadas por la Justicia que forman parte de la ampliación, el exfuncionario le envía a Calvete listas de empresas proveedoras de insumos con montos a cobrar, calificándolas como “sus ofrendas de esta semana”.