La cárcel de Villa Devoto está a punto de quedar deshabitada. El Servicio Penitenciario Federal ya trasladó a más del 93% de sus internos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz: en la quinta jornada del operativo, que comenzó el domingo 11, fueron derivados otros 207 detenidos, con lo que ya son 1.400 los alojados en la nueva unidad. El penal porteño albergaba alrededor de 1.500 presos. El Ministerio de Seguridad Nacional definió la mudanza como “histórica” y la enmarcó en la reorganización de la infraestructura penitenciaria federal. La ejecuta un Comando Unificado de las cinco fuerzas federales, y la ministra Alejandra Monteoliva destacó que el grueso del traslado se completó en menos de una semana y bajo “máximo control”. El Comando, creado por la Resolución 1018/2026, planifica cada movimiento según el perfil criminológico de los internos. Una vez vaciado Devoto, también se llevará a Marcos Paz a unos 350 detenidos que hoy permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad. El nuevo complejo ocupa un terreno de 80 hectáreas y tiene cuatro unidades de máxima seguridad con capacidad para 2.232 internos. Lo construyó la Ciudad, que luego lo entregó al Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de un convenio firmado en 2018, que estimaba un costo de US$ 130,2 millones, de los cuales la Nación aportaría 60. La mudanza estaba prevista para 2020, pero la obra estuvo paralizada cinco años y recién se reactivó en diciembre de 2024, cuando la Ciudad adjudicó su finalización a la empresa CRIBA SA por $ 96.984,8 millones. “Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”, celebró el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El operativo también tuvo su capítulo judicial. La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un hábeas corpus colectivo contra los traslados, que fue rechazado por el juez Santiago Bignone y luego por la Sala V de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Los camaristas admitieron que no se respetó el protocolo de aviso previo, pero consideraron que devolver a los internos a Devoto podría agravar sus condiciones de detención. Tampoco dieron por acreditadas dificultades para estudiar y valoraron las gestiones para habilitar un espacio del programa UBA XXII. Ordenaron que, en adelante, el SPF comunique cada traslado a jueces y defensas con 72 horas de anticipación y que garantice el ingreso inmediato de la Procuración para monitorear la situación. Resta definir el destino del predio, de unas 4,6 hectáreas entre las calles Bermúdez, Pedro Lozano, Desaguadero y Nogoyá, cuyo dominio corresponde al Estado nacional. El proyecto de 2018 prevé destinar el 65% a espacios verdes y públicos y el 35% a viviendas, pero cualquier cambio requiere la aprobación de la Legislatura porteña. Además, por haber alojado presos políticos durante la última dictadura y haber sido escenario de la Masacre del Pabellón Séptimo, en 1978, algunos sectores podrían quedar protegidos como sitio de memoria.